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REGÍSTRATE AQUÍPor: karen peña
Publicado: Martes 12 de julio de 2016 a las 04:00 hrs.
Una tibia recepción logró ayer en la comisión de Constitución del Senado el inicio del estudio de la moción propuesta por cinco senadores -Hernán Larraín, Felipe Harboe y Ena von Baer, entre otros- que establece un estatuto de transparencia activa para las asociaciones gremiales, colegios profesionales y organizaciones sindicales.
La iniciativa, que sugiere mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios electrónicos, diez antecedentes vigentes de forma trimestral (como el financiamiento público y privado de dichas organizaciones), desató críticas en su primera jornada de discusión y abrió el abanico de dudas más allá de valorar la intención de la moción parlamentaria.
Abriendo la discusión, la subsecretaria de la Segpres, Patricia Silva, destacó que la legislación actual en el marco especialmente del cumplimiento de la agenda de probidad y transparencia ha sido un adelanto. Sin embargo, advirtió que la ley que rige hoy básicamente regula como principal sujeto al sector público.
Valoró la iniciativa, pero hizo algunas observaciones, como “la necesidad de mencionar específicamente quiénes son los organismos, las instituciones o los sujetos claramente obligados a esta ley”.
En sus respectivos turnos, si bien las organizaciones hicieron patente que la invitación a participar del debate sólo se realizó hace algunos días, por lo que aún el tema no se ha discutido a nivel interno, expresaron sus opiniones frente a la iniciativa.
Mientras el lider de Conapyme, Rafael Cumsille, manifestó su preocupación por el texto, el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, fue claro en asegurar que “intentar homologar un partido político a un colegio de profesionales, me parece que no tiene un mayor sentido, porque creo que parte de una base muy errada”. Esto, a juicio de Alessandri, porque “como colegio profesional, como asociación gremial, no somos entidades de derecho público. En consecuencia, somos claramente una entidad de carácter absolutamente privado y los miembros voluntariamente han decidio ingresar”.
Uno de los impulsores del texto, el senador Hernán Larraín, reconoció que es necesario que este proyecto tenga mayor precisión para ver hasta dónde puede llegar el nivel de búsqueda de información.
La CPC no asistió a la cita, ya que informó a la comisión que esperarían discutir hoy en su comité ejecutivo los alcances del texto.
La instancia también aprobó el Estatuto de Promoción de la Innovación impulsado por el Ejecutivo, que da un crédito tributario de 35% y exención de ganancias de capital a quienes inviertan en startups certificadas por Corfo.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
"La responsabilidad penal podría configurarse “si se acredita que quienes administraban los fondos abusaron de sus facultades o actuaron de manera manifiestamente contraria al interés de los afiliados, causando perjuicios y concurriendo los demás requisitos del delito de administración desleal", advierte la abogada Macarena Iturra.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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