Una potente señal dio el Ejecutivo al ingresar una indicación al Congreso que establece que el Consejo para la Transparencia (CPLT) será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa asociada al tratamiento de datos personales y su protección.
La medida persigue subsanar el retraso que muestra el marco normativo de protección de datos personales en Chile, y deja bajo el paraguas de la misma institución ambas materias, la que se denominará Consejo para la Transparencia y Protección de Datos Personales.
Para el presidente del CPLT, Marcelo Drago, el envío de estas modificaciones al proyecto potencian la modernización del marco regulatorio chileno y permiten avanzar en el cumplimiento de estándares cada vez más elevados.
"Con esta indicación damos un paso muy importante en términos normativos, abriendo posibilidades claras y concretas a la modernización de un cuerpo legal desactualizado, que no contemplaba un órgano que garantice la fiscalización y resguardo del correcto uso de los datos personales por parte de terceros, incluyendo empresas y el Estado a la hora de manejar bases de datos", aseveró.
Drago destacó la calidad de autónomo del CPLT y la experiencia y capacidades institucionales disponibles para asumir las funciones derivadas de la creación de esta instancia, además de relevar la dedicación exclusiva de los Consejeros en la nueva institucionalidad.
La autoridad indicó que "cuando Chile cuente con una norma de protección de datos moderna y robusta, podrá proteger de forma más adecuada a los chilenos y chilenas, y aprovechar las ventajas económicas de la transferencia internacional de datos, lo que elevará el intercambio comercial y tecnológico con países más avanzados en esta materia".
Por su parte, el Ministerio de Hacienda -cartera que lidera la tramitación del proyecto en el Congreso- señaló en un comunicado que la propuesta obedece al "expertise que ha desarrollado esta entidad en protección de datos personales desde 2009, cuando se creó.
"Entre los cambios propuestos se precisan una serie de conceptos relacionados con el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO), y se incorpora una norma que permite la extraterritorialidad en la aplicación de esta ley, lo que nos permitirá posicionar a nuestro país como una sociedad que protege los datos personales de sus ciudadanos de acuerdo a los estándares internacionales", planteó el ministerio.
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