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Publicado: Viernes 2 de febrero de 2018 a las 04:00 hrs.
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer la primera medición sobre los trabajos informales que tienen los chilenos y el resultado no fue nada alentador: una de cada tres personas tiene un empleo informal. Esto significa que no cuentan con las medidas mínimas de seguridad social, previsión y salud, entre otras, y además enfrentan altos niveles de inestabilidad y, normalmente, sueldos bajos.
En este grupo se cuentan los trabajadores por cuenta propia, 1,2 millones de personas; asalariados con vínculo con un empleador pero sin seguridad social, alrededor de un millón; y familiares no remunerado, 100.380, entre otros.
De acuerdo a la información entregada por el INE, la informalidad laboral afecta más a las mujeres que a los hombres, con una tasa de 31,9% frente a 28,6%. En términos geográficos, en tanto, la tasa más alta corresponde a La Araucanía (40,4%), seguida de Arica y Parinacota (38,4%) y Tarapacá (37%).
Como era de suponer, el mayor número de trabajadores informales se concentra en el comercio, con 515.940 personas y una tasa de 33,9%, y en la agricultura, con 361.820 personas equivalente al 46,8% de los ocupados del sector.
Una solución a la alta tasa de informalidad laboral es un reto importante para las nuevas autoridades. Las condiciones en la que trabajan muchas personas en la actualidad tiene costos personales, familiares y sociales significativos. Pero también implica el riesgo de enormes y crecientes costos para la actividad económica del país, tanto por la escasa productividad y especialización de estos empleos, como por los desafíos que conlleva en términos de seguridad social, sobre todo por pago de pensiones y por prestaciones de salud.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
La consultora Toctoc proyecta que las ventas de viviendas decrecerán un 3,7% este año y acelerarán su recuperación en 2027, con un alza de 17%. A ello se sumaría una reducción del stock de unidades de entrega inmediata.