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REGÍSTRATE AQUÍTribunal explicó que no les “corresponde aprobar” las tres opciones de fechas que les entregó la autoridad.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 2 de agosto de 2019 a las 04:00 hrs.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) se pronunció respecto a la entrega del cronograma que la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) donde explicó no tener competencia para aprobar la hoja de ruta.
Esto, porque el tribunal les solicitó a la autoridad sectorial aclarar cómo las empresas Entel, Claro y Movistar, darán cumplimiento a la sentencia que les ordena desprenderse de un porcentaje de la banda 700 MHz, que sirvió para montar tecnología para el estándar 4G.
En el documento entregado por Subtel, la autoridad le pidió al TDLC autorizar tres alternativas de fechas., donde una vez aprobado se ejecutara cinco días después.
Por esta razón, ordenó a la subsecretaria, Pamela Gidi, “clarificar dentro de tres días hábiles desde la recepción del oficio respectivo, cuándo comenzará el cómputo del plazo”.
Esto deja en manos de Subtel dar la orden a las tres firmas involucradas enajenar el porcetaje de banda, donde podrán elegir las frecuencias que quieran desprenderse.
Esta resolución es muy relevante para el sector, porque producto de esta disputa las empresas han dilatado ejecutar la sentencia, argumentando que no existe una definición por parte de la autoridad de cómo ejecutarlo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.