A poco más de un mes de haber sido anunciado por el Presidente Boric en su primera cuenta pública, la iniciativa de arriendo "a precio justo" de a poco va tomando forma.
Este jueves el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en compañía del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hizo un llamado a concurso para las entidades interesadas en la construcción, adquisición y/o reparación destinadas a este fin, y dio a conocer las fechas, plazos y condiciones del proyecto que -dentro de los cuatro años de gobierno- busca otorgar 20 mil soluciones habitacionales a las familias que se han visto impedidas de acceder a una vivienda propia.
Los detalles del concurso fueron comunicados por el Minvu en las dependencias del Condominio Justicia Social 1, impulsado por la Inmobiliaria Popular y que, en la práctica, opera como el único proyecto en Chile construido para arriendo a precio justo. Y respecto del cual, según dijo Montes, las autoridades están sacando "todas las lecciones de acá para aplicarla en un programa nacional".
"Este proyecto surgió de una discusión entre el Minvu y algunos municipios, y la verdad es que en el único lugar donde agarró un vuelo y logró avanzar hasta el punto en el que estamos es este (Recoleta)", dijo Montes al adelantar que la meta del ministerio es que de aquí a fin de año se materialicen 1.800 viviendas.
Asimismo, el exsenador explicó que "arriendo a precio justo" significa que las personas "pueden tener cierta estabilidad porque el cobro se ajusta a un porcentaje de su renta, y cubre parte del gasto general de administración de un edificio, que tiene muchas exigencias".
Mientras que por su lado, el alcalde Jadue expresó que este modelo "no solo asegura la vivienda, sino también la vida digna en cualquier situación". "Hoy día, efectivamente, además, el mercado de arriendo en nuestro país es inaccesible para poder acceder al mercado del arriendo, además de ser abusivo por el costo uno requiere antigüedad, contrato indefinido, aval", agregó el edil.
Plazos, inversión y metodología
De acuerdo a las bases presentadas, en una primera etapa la inversión pública para este proyecto ascenderá a 1.854.000 U.F. ($61.632 millones), y estará enfocada en la postulación de los Serviu, municipios, gobiernos regionales y personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro (ONG) de un grupo de comunas que hoy concentran la mayor urgencia en cuanto a déficit habitacional. Y que están distribuidas en nueve regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, El Maule, Biobío, La Araucanía y la Región Metropolitana.
En el caso de la RM, el plan contempla todas las comunas de la provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto.
Las entidades interesadas tendrán plazo hasta el 25 de octubre de este año para presentar una propuesta y no solo podrán construir, sino también tendrán la posibilidad de adquirir y/o rehabilitar instalaciones ya edificadas. Y las intervenciones que se presenten podrán considerar hasta un máximo de 100 viviendas.
Respecto a estas dos últimas modalidades que contemplan propiedades ya edificadas, Montes dijo que "esto se está haciendo en este momento en Buenos Aires, especialmente con las oficinas que han quedado desocupadas en el centro porque se han trasladado a otro lado".
"Ahí hay un intento de rehabilitarla y que rápidamente se conviertan en lugares de arriendo. Y nosotros estamos trabajando en esa dirección", sostuvo.
En tanto, el estándar técnico de los proyectos considerará tipologías de vivienda que comprendan unidades de uno a tres dormitorios. Para las viviendas de un dormitorio, la superficie mínima es de 35 m2; para aquellas de dos dormitorios, 45 m2; y para las de tres habitaciones, se exigirá un mínimo de 55 m2. Además, las unidades de un dormitorio no podrán superar el 30% del total de unidades.
Requisitos para postular
Según indicaron desde el Minvu, podrán arrendar las unidades aquellas familias que cumplan con los requisitos del Programa de Arriendo, del D.S. 52, o que hayan recibido dicho beneficio. Además, el proyecto integra criterios para la priorización relacionados a la vulnerabilidad social y/o habitacional, la condición de damnificados o pertenencia a campamentos, además de establecerse cuotas para la atención prioritaria de familias pertenecientes a la comuna, así como provenientes de otras, y pertenecientes a diversos estratos socioeconómicos según el Registro Social de Hogares.
Máximo Espinoza, arquitecto de la división de Política Habitacional del Minvu, sostuvo que además, la iniciativa "abre la posibilidad para que sea el administrador posterior -en el caso de Recoleta, por ejemplo, el municipio- el que determine procesos de selección de familias en situación de emergencia, adultos mayores en fondo, persona en mujeres, núcleos monoparentales, etc".
Y en lo que respecta a la renta mensual, las autoridades indicaron que esta "será fijada por el administrador en función del tamaño de las viviendas, estableciendo criterios de asequibilidad considerando que el costo no supere el 25% de los ingresos del arrendatario".
Por último y según la Resolución Exenta 855° del Minvu, "los proyectos se financiarán con el subsidio a otorgar por el presente llamado, aportes de terceros que acrediten las entidades postulantes, y en el caso de Municipios, Gobiernos Regionales y Personas Jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, con un préstamo complementario opcional".
Y en lo que respecta a puntuación, el proceso de selección privilegiará que las viviendas cuenten con criterios de movilidad (cercanas a ciclovías), equipamiento (próximas a centros comerciales, deportivos o culturales), áreas verdes, servicios (comisarías y cuartel de bomberos), y transporte (cercanía con estaciones de Metro, en el caso de Santiago).
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