A casi una década de su implementación, la gratuidad en la educación superior volvió a quedar bajo la lupa. Esta vez, no solo por el creciente gasto fiscal que ha significado su expansión, sino también por unas interrogantes de fondo: ¿cuántos de los estudiantes que acceden al beneficio logran efectivamente terminar sus carreras? ¿Y qué costo fiscal tienen los “desertores”?
Un nuevo estudio de Acción Educar, titulado Análisis de la política de gratuidad en educación superior: evolución, déficits financieros y experiencia comparada, puso cifras sobre la mesa y reveló que, entre 2016 y 2023, 272.508 estudiantes que habían financiado al menos un año de sus estudios con gratuidad terminaron abandonando el sistema de educación superior.
De ese universo, 68.637 alumnos habían recibido financiamiento estatal durante toda la duración nominal de sus carreras, pero no consiguieron titularse. Según las estimaciones del centro de estudios, los recursos fiscales destinados a estas trayectorias educativas inconclusas alcanzaron los $ 1,6 billones (unos US$ 1.600 millones).
Para realizar el cálculo, el reporte consideró como desertores a quienes dejaron de registrar matrícula, no retomaron sus estudios en otra carrera o institución ni tampoco obtuvieron un título. Así, las cifras corresponden a estudiantes cuya salida del sistema pudo verificarse posteriormente.
La gratuidad pasó de cubrir al 11,6% de la matrícula de pregrado en 2016, equivalente a 136.153 estudiantes, a beneficiar al 46,2% en 2025, con más de 613 mil alumnos. Paralelamente, las instituciones adscritas aumentaron de 30 a 68.
Los datos también evidenciaron un aumento en el número de abandonos. Mientras en 2016 se contabilizaron 3.034 desertores que financiaron, al menos, un año, en 2023 la cifra llegó a 63.170. De estos últimos, 20.438 habían financiado con el beneficio toda la duración nominal de sus estudios.
La investigadora de Estudios de Acción Educar y autora del informe, Javiera Pavišić, reconoció que detrás de la deserción existen múltiples factores, aunque planteó que el diseño de la política también podría estar influyendo.
“Efectivamente, la deserción en educación superior es un fenómeno multifactorial. Es cierto que existen razones de distinta índole, ligadas a temas académicos, laborales, familiares y personales que influyen en el abandono”, señaló.
Sin embargo, agregó que “creemos que el diseño de la política de gratuidad también incide en los incentivos asociados a la permanencia, ya que el estudiante no asume directamente el costo financiero de los recursos públicos invertidos en su trayectoria”.
Más beneficiarios, pero no necesariamente más titulados
El informe también examinó la expansión de la política desde su puesta en marcha en 2016, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
En ese período, la gratuidad pasó de cubrir al 11,6% de la matrícula de pregrado, equivalente a 136.153 estudiantes, a beneficiar al 46,2% en 2025, con más de 613 mil alumnos. Paralelamente, las instituciones adscritas pasaron de 30 a 68.
Pero la mayor cobertura no fue acompañada por un alza equivalente en el número total de titulados.
Acorde con el análisis, en 2025 se titularon 238.716 estudiantes de pregrado, de los cuales 65.864 habían financiado la duración nominal completa de sus carreras mediante gratuidad, equivalentes al 28% del total.
Otra de las alertas del estudio apuntó a las consecuencias financieras de la gratuidad para las instituciones de educación superior.
Según Acción Educar, debido al diseño de la política de gratuidad -que fija un valor de arancel regulado basado en costos históricos de impartir una carrera o programa y que no permite el copago-, éste impacta significativamente en los ingresos de las instituciones adscritas.
Así, expone el documento, se imputan tres déficits: el derivado de la regulación de aranceles para los estudiantes beneficiados por la gratuidad; el derivado del ajuste de aranceles para estudiantes de los deciles 7, 8 y 9 que estudian en instituciones adscritas a la política; y aquel provocado por la sobreduración de carrera de los beneficiarios.
En conjunto, estos tres déficits acumulan $ 1.85 billones para 2025, equivalentes a US$ 1.927 millones. De este monto, cerca de un 68,8% corresponde al déficit generado por la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real de los estudiantes beneficiarios ($ 1,27 billones), un 1,5% al déficit asociado a la sobreduración de las carreras ($ 27.700 millones), y cerca de un 29,7% al menor cobro permitido a estudiantes de los deciles 7, 8 y 9 que estudian en instituciones adscritas a la política ($ 551.055 millones). Así, casi un 70% de este déficit es soportado por universidades privadas.
“Una consecuencia concreta es la dificultad para sostener la calidad. Las universidades privadas tienen menos mecanismos alternativos para compensar el déficit que genera la gratuidad y, al mismo tiempo, deben mantener una acreditación avanzada o de excelencia para permanecer adscritas a la política”, advirtió Pavišić.
Frente a este escenario, el centro de estudios propuso cinco modificaciones, entre ellas establecer mecanismos de restitución de recursos en casos de deserción sin causa justificada, revisar la determinación de los aranceles regulados y flexibilizar los cobros por sobreduración.
También planteó mantener la gratuidad focalizada hasta el sexto decil y liberar las restricciones al copago para los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9.
Para Pavišić, estos antecedentes refuerzan que “para evaluar correctamente la política no basta con observar cuántos estudiantes reciben gratuidad, sino determinar si ésta generó un aumento adicional en el acceso y si se tradujo en mejores resultados de permanencia y titulación, efectos que, al menos a partir de las cifras disponibles, no se observan claramente”, sostuvo.
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Carolina León
