En medio de la discusión por la Sala Cuna Universal, una nueva estimación puso el foco en uno de los principales objetivos de la iniciativa: facilitar la incorporación de más mujeres al mercado laboral.
Un análisis técnico elaborado por el estudio La Firma -conformada por exasesores del ministerio del Trabajo de la administración de Gabriel Boric- estimó que el eventual copago que deberán asumir las familias y la exclusión de la oferta pública del aporte que realizará el nuevo Fondo de Sala Cuna -dos elementos del diseño del proyecto que se discute en el Congreso- podrían reducir en cerca de 26% el potencial de generación de empleo femenino.
El punto de partida del ejercicio fue el estudio Zoom de Género: Especial Sala Cuna, elaborado por ChileMujeres, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en 2025.
Ese trabajo planteó que avanzar hacia una Sala Cuna Universal podría generar entre 15.753 y 144.726 nuevos puestos para mujeres que actualmente no trabajan por no tener con quién dejar a sus hijos menores de dos años.
Dicho cálculo, no obstante, se basó en versión anterior del proyecto, que no incluía copago y permitía utilizar indistintamente establecimientos privados y públicos.
Considerando esto, el análisis buscó dimensionar qué ocurriría con ese efecto laboral bajo las condiciones que incorporó posteriormente el gobierno al proyecto.
En junio el Presidente Kast anunció indicaciones a la iniciativa de sala cuna. Foto: Aton
Aporte y costo efecto
El primer elemento analizado fue la diferencia entre el aporte que entregaría el fondo y el costo efectivo de una sala cuna.
Según el documento, el Informe Financiero estableció como referencia un aporte equivalente a 5,2 UTM, aproximadamente $ 373 mil mensuales, mientras que el costo promedio de mercado, según Pluxee, es de $ 543.571. Así, la diferencia bordearía los $ 171 mil mensuales que tendría que cubrir la familia.
“Esa brecha equivale a un 38% del ingreso mínimo líquido, a un 25% del salario mediano líquido nacional, y a un 30% del salario mediano líquido de las mujeres en Chile ($ 600.253, según el INE)”, expuso el análisis de La Firma.
Además, simuló distintos niveles de copago y concluyó que el impacto sobre la ocupación aumentaría a medida que creciera el monto que deban financiar los hogares.
Con un copago cercano a $ 60 mil mensuales, la estimación central de empleos creados se reduciría en 5.417 puestos; con $ 90 mil, la pérdida alcanzaría 8.135; y con $ 120 mil llegaría a 10.846.
En el escenario que utilizó una brecha cercana a $ 180 mil -que es similar a la diferencia observada entre el aporte referencial y el costo de mercado considerado por el estudio-, se dejarían de generar 16.271 empleos, equivalente a una reducción de 20,3% respecto del punto medio de la estimación original.
“Nadie quiere que haya copago, la verdad. El tema es que el gobierno no quiere que la sala cuna siga siendo una obligación del empleador y, en ese contexto, la mayoría coincide en que el copago debe ser el menor posible. En el gobierno anterior se propuso una adscripción a un precio para que no hubiese copago, además de fortalecer la oferta pública. Ambos aspectos me parecen correctos con la misión de generar más empleo”, dijo Fidel Bennet, socio de La Firma.
La disponibilidad
El segundo factor estuvo relacionado con la oferta disponible para hacer efectivo el beneficio.
El proyecto reservó los recursos del fondo de sala cuna a establecimientos que no reciben aportes regulares del Estado, dejando fuera a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Fundación Integra y los jardines vía transferencia de fondos (VTF).
Sobre esto, el análisis expuso que esto podría transformarse en una barrera particularmente importante en aquellas zonas donde no existen alternativas privadas.
Según la revisión realizada sobre el listado de establecimientos certificados de la Subsecretaría de Educación Parvularia, 210 de las 346 comunas del país contaban únicamente con oferta pública certificada y otras 27 no registraban establecimientos públicos ni privados bajo las categorías consideradas.
En total, 237 comunas, equivalentes al 68,5%, no tenían oferta privada certificada. El propio análisis precisó, no obstante, que el registro podría no captar establecimientos privados que eventualmente puedan certificarse.
Por ello, el ejercicio utilizó escenarios más conservadores. Si 40 comunas carecieran efectivamente de oferta privada, se dejarían de generar unos 2.407 empleos; si fueran 60, la cifra aumentaría a 5.617; y con 80 comunas alcanzaría 8.826 puestos de trabajo.
Ambos efectos operarían, además, por vías distintas: mientras el copago encarecería para las familias el acceso a sala cuna, la ausencia de oferta privada impediría ejercer el beneficio en determinadas comunas.
Al combinar los dos factores en el escenario más cercano al diseño que analizó el documento, la estimación central de nuevos empleos femeninos bajaría desde 80.240 hasta 59.475. Es decir, cerca de uno de cada cuatro puestos de trabajo que potencialmente podría impulsar la Sala Cuna Universal dejaría de generarse.
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Carolina León
