El proyecto inmobiliario Maratué, que contempla una inversión de US$ 2 mil millones en Puchuncaví, sumó un nuevo respaldo para seguir adelante. La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso rechazó por unanimidad el recurso que buscaba dejar sin efecto su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), acogiendo así la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Con esta decisión, el proyecto mantiene su autorización ambiental para desarrollar 14 mil viviendas en un plazo de 45 años, aunque todavía enfrenta acciones judiciales impulsadas por organizaciones que se oponen a su construcción.
La votación fue encabezada por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, junto a representantes de las seremías de Economía, Minería, Salud, Transportes, Vivienda, Agricultura y Obras Públicas, además de la dirección regional del SEA. El pronunciamiento se produjo luego de que la organización Salvemos Quirilluca presentara una solicitud para dejar sin efecto la aprobación ambiental de Maratué, cuestionando distintos aspectos de su evaluación.
Sin embargo, la comisión respaldó el criterio del SEA, que recomendó rechazar la reclamación y mantener la RCA del proyecto.
Millones explicó que la revisión realizada por las autoridades estuvo limitada a los aspectos administrativos de la aprobación ambiental. "En esta instancia no se discutieron los temas de fondo del proyecto, sino la legalidad de los actos sancionados por las anteriores autoridades".
Detalles del proyecto
Maratué es uno de los proyectos inmobiliarios de mayor envergadura contemplados para la Región de Valparaíso, tanto por su inversión como por la cantidad de viviendas y el período previsto para su ejecución.
La iniciativa se emplazará en una superficie de 1.015 hectáreas en Puchuncaví, donde se proyecta construir 14 mil viviendas en un horizonte de 45 años. Del total, cerca de 2 mil unidades estarán destinadas a familias que accedan a subsidios habitacionales, mientras que el resto corresponderá a viviendas de otros segmentos.
Según los antecedentes entregados por la empresa, el desarrollo contempla la integración de distintos tipos de vivienda y una superficie aproximada de 125 hectáreas destinadas a conservación. Desde Maratué destacaron que el proyecto obtuvo su aprobación ambiental después de siete años de evaluación y de sucesivas instancias de revisión técnica.
Inicio de obras
Con la RCA vigente, Maratué deberá continuar con los procedimientos administrativos y sectoriales necesarios antes de comenzar su construcción.
La compañía informó que avanzará en la tramitación de los permisos correspondientes a las obras viales del programa social DS49, asociado a las viviendas subsidiadas que forman parte de la iniciativa.
Estas unidades deberán construirse dentro de los plazos establecidos por los comités de vivienda involucrados, que compartirán el desarrollo con otros proyectos residenciales.
El pronunciamiento de la Coeva mantiene vigente la RCA de Maratué, pero no equivale al inicio inmediato de su construcción.
Su avance dependerá de la obtención de las autorizaciones correspondientes y de la resolución de los procedimientos que continúen abiertos.
Nueva ofensiva judicial
Pese al respaldo de la Coeva, la controversia ambiental y judicial en torno al proyecto continuará.
La organización Salvemos Quirilluca, que se opone a la iniciativa, anunció que presentará un nuevo recurso de reclamación ante el comité de ministros, con el propósito de cuestionar la decisión adoptada por la comisión regional.
El representante de la organización ambientalista, Mario Rubiño, cuestionó la decisión de la Coeva y adelantó que continuarán las acciones judiciales contra el proyecto. Entre sus principales preocupaciones figuran el abastecimiento de agua, el sistema sanitario, los efectos sobre la biodiversidad y los impactos asociados al desarrollo inmobiliario en el sector de Quirilluca.
El dirigente también cuestionó que la revisión administrativa no abordara directamente las materias ambientales que, a juicio de la organización, siguen pendientes. "Nosotros presentamos antecedentes serios de que había una vinculación directa entre la sanitaria del proyecto con el titular. Se ha modificado sustancialmente de dónde se va a extraer el agua y dónde van a ir a parar las aguas servidas, y sobre eso, el SEA ahora no manifiesta absolutamente nada, eso nos llamó la atención".
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Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
