“Ahora sí que sí”, dice el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
Con un conversatorio realizado el pasado jueves en las oficinas de la cartera en Teatinos, el Gobierno dio el puntapié inicial a un proceso de diálogos con parlamentarios y el sector privado mediante el cual busca afinar detalles y concretar el ingreso del proyecto de ley que modificará la regulación para el desarrollo de parcelaciones rurales.
El proyecto, en un principio, estaba planteado para ingresar en diciembre, pero se fue posponiendo. Ahora, el compromiso es que llegue al Congreso a más tardar en junio.
“Se han secado los sistemas de APR, mientras hay parcelaciones en que cada una tiene un pozo, muchas veces ni siquiera inscrito legalmente”, acusa el ministro Valenzuela.
En conversación con Diario Financiero, el ministro adelanta los lineamientos principales de la iniciativa, que fueron las conclusiones obtenidas en la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt): “Lo nuestro es la seguridad alimentaria estratégica, lo hemos dicho una y otra vez. Que los predios rústicos rurales tengan actividad silvoagropecuaria y que no sean loteos, punto”.
La propuesta del Gobierno tiene dos pilares principales: elevar la superficie mínima de subdivisión para las áreas específicamente designadas a uso agrícola, pero, en paralelo, generar una figura de “conjuntos residenciales urbanos”, donde se puedan instalar viviendas, pero elevando las exigencias a los eventuales desarrollos inmobiliarios.
Las dos hectáreas
En cuanto al primer pilar, Valenzuela confirma que desde el Minagri seguirán abogando por la idea de incrementar la superficie mínima de subdivisión de predios rurales desde 0,5 hectáreas (ha) a 2 ha, cuando se trate de zonas destinadas a uso agrícola, ganadero o forestal.
“Es cierto que en la época de la reforma agraria se consideró técnicamente que cinco hectáreas era el mínimo para la subsistencia y la viabilidad de un proyecto agrícola, pero con los cambios tecnológicos, la mejora de los rindes de las semillas, entre otros, en un panel interno se ha recomendado que 2 ha sea la unidad”, explica.
Además, el ministro insiste en que, para estas subdivisiones, el SAG podrá seguir aplicando el criterio de autorización que viene llevando durante los últimos meses, pidiendo distintas certificaciones para asegurar que los proyectos mantengan acceso a fuentes de agua y no afecten al bosque nativo, entre otros.
Zonas residenciales
La novedad es que el Gobierno se abre a una nueva figura, que es la existencia de lo que Valenzuela denomina “conjuntos residenciales rurales”.
La idea, argumenta, es que puedan existir zonas habitacionales en la ruralidad, “pero bien hechas”. En ese sentido, la iniciativa de ley buscará aumentar las exigencias para el desarrollo de esta clase de proyectos inmobiliarios.
Con la norma actual, “se han secado los sistemas de APR (Agua Potable Rural), mientras hay parcelaciones en que cada una tiene un pozo, muchas veces ni siquiera inscrito legalmente y con piscina y pasto alrededor”, acusa el ministro.
El proyecto de Agricultura pretende que a los desarrolladores de loteos se les exija, por su cuenta, contar con caminos, sistema hídrico, manejo de basura y aguas grises y herramientas para prevenir incendios forestales, entre otros.
“Está la apertura a que puedan haber estos conjuntos residenciales rurales en que están más concentradas las casas y el resto es un espacio de conservación de bosque o de actividad agropecuaria (…) también hay que cuidar el patrimonio del país y el paisaje”, resume Valenzuela.
Agrega que también hay un llamado a que los municipios jueguen un rol en la aplicación de esta normativa. “Los municipios en Chile tienen la costumbre de hacer un plan regulador del área urbana y de la cabecera comunal, pero es importante también generar una regulación para los villorrios”, plantea.
Como el proyecto nace principalmente desde los ministerios de Agricultura y Vivienda, Valenzuela dice que lo lógico sería ingresarlo en conjunto en ambas comisiones sectoriales en el Congreso.
Respecto al sector privado, asegura contar con una buena disposición de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y el nuevo presidente del gremio, el exministro de esta misma cartera, Antonio Walker.
Incluso, Valenzuela asegura que cuando Walker ocupó su puesto, él mismo también había hecho notar el conflicto que el desarrollo inmobiliario desregulado podía causar en la ruralidad.
La trama judicial que sigue
viva entre el Ejecutivo y los parceleros
El conflicto en torno a las parcelaciones rurales venía captando la atención de diversas instituciones, pero lo que finalmente lo hizo detonar fue la circular mediante la cual Agricultura, en julio del año pasado, instruyó al SAG a endurecer los criterios para autorizar loteos.
El Gobierno alertaba por los efectos ambientales de la proliferación de parcelaciones que, de ya venir en alza, tuvo una explosión con la llegada del teletrabajo. Si en 2019 el SAG registró 9.907 solicitudes de subdivisión, en 2022 estas alcanzaron los 22.378 ingresos.
La medida del Ejecutivo rápidamente hizo reaccionar a los desarrolladores inmobiliarios rurales y, finalmente, un gremio de parceleros, ChileRural, mediante una demanda, logró que se suspendiera la circular mientras el juicio siga en curso.
Pese a que el instructivo sigue suspendido, el SAG ha continuado solicitando antecedentes adicionales para aprobar los loteos, señalando que esta facultad es “preexistente” al documento, lo que recientemente fue avalado por la Corte de Apelaciones en el marco de otra causa que ahora escalará a la Corte Suprema, tras la apelación de las inmobiliarias demandantes.
Así, la disputa entre el Minagri y los parceleros sigue vive en dos frentes, todo esto en paralelo al proyecto de ley que trabaja el Ejecutivo.
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