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Publicado: Viernes 19 de julio de 2019 a las 04:00 hrs.
¿Qué pasaría si la ley que sanciona penalmente los delitos ambientales estuviera vigente? Si el proyecto que está en trámite en Senado estuviera vigente, las sanciones por el episodio podrían llegar hasta los directivos de Essal, algo que hoy no se contempla.
“Actualmente se puede sancionar al operario que ejecutó el hecho concreto, que abrió la válvula que contaminó el agua. Con la nueva norma se establece expresamente la responsabilidad de los altos mandos, porque no tomaron los debidos resguardos”, explica Gabriel Cisternas, abogado especialista en delitos medioambientales.
De esta manera, la nueva ley puede castigar incluyendo a los ejecutivos con penas de presidio menor en su grado medio y multas de 100 a 5.000 UTM (hasta $ 245 millones).
Tras cinco meses desde su ingreso al Senado, ya se presentaron indicaciones, lo que pone en tierra derecha su discusión.
El senador David Sandoval, que forma parte de la Comisión de Medio Ambiente, señala que la situación en Osorno “califica para las sanciones a los directivos de Essal y también a las personas jurídicas. Evidentemente el daño está expresamente calificado, si la ley estuviese aprobada evidentemente habría sanciones penales”.
Con respecto al proceso de tramitación, Sandoval señala que existe “una fuerte discrepancia entre lo que presentó el Ejecutivo y lo que se está discutiendo actualmente, principalmente en qué acciones califican como delito y cómo se va a sancionar”.
Además confirma que las diferencias han retrasado el avance del proyecto”. A pesar de esto, el senador proyecta que la presión de la Cumbre de Cambio Climático (COP25), que se realizará en diciembre, podría acelerar el trámite de la nueva legislación.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.