CGE, la compañía controlada por las familias Marín, Pérez Cruz y Hornauer, está ad portas de conocer la resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por una acusación de abuso de posición dominante interpuesta por un desarrollo inmobiliario de la VIII Región llamado El Venado, ligado a empresarios locales.
Los alcances podrían desencadenar –en el peor de los casos- en la pérdida de la concesión de distribución en la zona.
En un escenario especialmente adverso, el TDLC podría multar a la compañía. Sin embargo, el caso es especialmente relevante porque podría marcar un precedente en la relación entre desarrolladores y distribuidoras.
El conflicto
El Venado es un loteo en la comuna de San Pedro de la Paz, en Concepción. Es desarrollado por el fondo de inversión privado del mismo nombre, cuyos controladores son Antonio Aninat Condon y John Macnab. Con tres etapas lanzadas, la cuarta enfrentó un problema en las obras eléctricas.
Según la ley vigente, cuando un desarrollador vende un lote, debe entregarlo con las redes de electricidad instaladas. Para ello, puede pedir presupuestos a la distribuidora que tiene la concesión en la zona (en este caso CGE Distribución) o a un tercero, quedándose con el que más le convenga. Sin embargo, si la oferta de la distribuidora es más alta, el desarrollador puede contratar al tercero y luego venderle las redes al distribuidor al precio que éste último había presupuestado, tal cual dice la ley.
Con esto lo que se pretende es garantizar competencia en el sector, donde el desarrollador no tiene otro distribuidor de energía.
Y el origen del conflicto radica en que CGE, luego de aceptar la oferta y recepcionar las obras en diciembre de 2009, habría hecho un cambio en sus políticas y decidió pagar un menor precio.
En este caso, el cableado y tendido es subterráneo y ellos querían pagar a un valor de tendido aéreo. CGE ofrece comprar las redes en $ 102 millones al contado o en
$ 171 millones a plazo, sin interés ni reajustes, a medida que se conecten el 100% de las casas que se construyan en el loteo.
El fondo El Venado rechazó la imposición de CGE e inició acciones. En esa línea, presentó reclamaciones ante la SEC, organismo que en la resolución exenta Nº 1370 del 18 de mayo de 2011 le dio la razón a El Venado y ordenó a CGE pagar el costo de las obras, que alcanzan los $ 213 millones.
La firma, en tanto, rechazó el dictamen en un recurso de reposición, el que también fue rechazado por la autoridad.
A pesar de esto, CGE distribución no cumplió con la ordenanza. Por ello, la SEC nuevamente emitió una resolución (Nº 8314) en la que formuló nuevos cargos por los incumplimientos. Ante ello, CGE Distribución interpuso otro recurso de reposición, y nuevamente la SEC respondió con la resolución Nº 2364 del 2 de septiembre de 2011, rechazando todos los argumentos de la distribuidora.
En todas sus resoluciones, la entidad reguladora le pidió a CGE Distribución pagar el total del importe de las redes eléctricas. Pero la eléctrica optó por llevar su reclamo ante la Corte de Apelaciones y luego, ante Corte Suprema, instancias que también rechazaron sus argumentos.
Recientemente, en su tercera advertencia (Nº 00234 del 8 de febrero de 2012), la SEC señala a CGE que deberá entregar suministro eléctrico a los usuarios y deberá emitir las facturaciones a los consumos.
Sin embargo, en CGE rechazan las acusaciones. Por ello, la compañía explica que “extenderán sus propias redes para dar suministro eléctrico a los clientes de ese sector que lo requieran”, dicen en la firma.
Demanda pendiente
Con todo, aún queda una última instancia para dirimir este conflicto pues El Venado, asesorado por los abogados Luis Alberto Aninat y Arturo Costabal, de Aninat Schwencke & Cía., presentó en octubre de 2010 ante el Tribunal de la Libre Competencia una demanda contra CGE por abuso de posición dominante.
El organismo antimonopolios deberá dictar sentencia dentro de las próximas semanas. Tanto en los sectores eléctrico e inmobiliario están atentos al dictamen, pues éste presentaría un precedente y podría marcar un punto de inflexión en la relación entre los desarrolladores y las distribuidoras.
Algunos desarrolladores dicen que hasta ahora, han aceptado las cláusulas de las distribuidoras, prorrateando el diferencial del verdadero costo de las redes entre las propiedades.
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