El Caso Cascadas sigue generando repercusiones. Esta vez en el ámbito legislativo. Así fue como ayer, el vicepresidente del Senado, Eugenio Tuma, en conjunto con los superintendentes de Valores y Seguros (SVS), Carlos Pavez; de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Eric Parrado y de Pensiones (SP), Tamara Agnic, además del fiscal Nacional, Sabas Chahuán, conformaron la primera mesa de trabajo para proponer cambios radicales a las sanciones por delitos económicos.
Tras el encuentro, precisaron que en dos o tres semanas el grupo tendría en sus manos las “primeras modificaciones importantes”, y en noviembre la iniciativa estaría lista para ser votada en el Congreso.
El proyecto, según precisaron, considerará que las personas sancionadas tengan privación de libertad (marco en el que estará integrada la colusión), inhabilidad de cargos y multas proporcionales a lo alcanzado en las operaciones cuestionadas. Junto a ello, se buscaría reformar la Ley General de Bancos (elevando penas y actualizándola para delitos sofisticados, como los informáticos); generar un título especial en el código penal sobre bienes protegidos y planes de capacitación para las distintas instituciones involucradas.
“Ya conocemos muchos casos donde se atenta contra el bolsillo de los más vulnerables, como en la colusión de las farmacias, donde la convicción ciudadana es que hay impunidad a pesar de haber pagado multas que son insignificantes en relación al beneficio. Lo mismo está ocurriendo con el Caso Cascadas, donde accionistas minoritarios y pensionados han visto vulnerados sus derechos”, indicó Tuma.
Por su parte, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, agregó que los delitos económicos no sólo generan conmoción, sino que también “violentan a la sociedad, ya que personas de menores recursos son desposeídas no sólo de sus bienes materiales, sino que de sus sueños por personas que atentan contra el orden público económico”, dijo.
La iniciativa
El origen de esta iniciativa se dio justo tres días después de conocerse el fallo de la SVS sobre el Caso Cascadas, cuando el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, aseveró públicamente que en delitos económicos o de corrupción las penalidades deberían “ajustarse”. Se mostró en desacuerdo con que “se sancione a un sujeto que robe plumas o pelaje de animales con una pena equivalente a la que podría tener un sujeto que ha defraudado al Fisco por varios miles de millones de pesos, o que ha cometido delito económico o infracción a la Ley de Mercado de Valores. Hay inequidades o desequilibrios en el Código Penal y en las leyes que deberían equipararse”, dijo.
Tras ello, el senador Tuma tomó contacto con Chahuán, acordando formar una mesa técnica con todas las ramas institucionales asociadas a delitos económicos, cuyos integrantes expresaron un fuerte interés. Así, durante la reunión de ayer, se hizo especial énfasis en la necesidad que de la instancia surja una propuesta “sólida” y “coordinada”, de modo de que ésta llegue al Congreso y en él “sólo se afinen detalles”.
Lo que viene
La próxima semana cada superintendente y el fiscal enviarán a Tuma sus propuestas. A partir de ello, el senador configurará un borrador de proyecto de ley, el que a su vez, se discutirá en reuniones semanales entre las partes. A las conversaciones se integrará el ministerio de Justicia.
Asimismo, el vicepresidente del Senado adelantó que “este proyecto cuenta con el apoyo del Congreso, porque las tareas de poner al día la legislación con la realidad son su labor esencial”.
Ex super de Bancos plantea agilizar procesos
Conocedores del tema concuerdan en que hay que revisar el actual sistema y agilizar los trámites para que las sanciones sean adecuadas a las operaciones cuestionadas.
Ernesto Livacic, ex superintendente de Bancos, indica que en los delitos económicos el problema fundamental no es el si la sanción es adecuada, sino lo extenso de los procedimientos, en especial el pago de la sanción: "Para tener penas más duras que se producirán quince años después... da lo mismo, no surte efecto".
En tanto, Rafael Collado, abogado de FerradaNehme indica que para mejorar las sanciones a los delitos económicos hay que modernizar el derecho penal económico, lo que implicaría, "generar los tipos penales en los delitos que hoy en día son más relevantes socialmente y que además se cometen por las empresas, como la administración fraudulenta, o una actualización a la Ley del Mercado de Valores y asignarles la pena que corresponde de acuerdo con su gravedad".
Por su parte, el socio de Philippi, Prietocarrizosa y Uría, Ricardo Riesco, plantea que "dada la profundidad que tiene nuestro sistema económico, estos ilícitos son poco frecuentes. En ese sentido, legislar sobre la base de casos puntuales entiendo que ocurran, pero no sé si de eso surjan las mejores iniciativas legales, porque se legisla en caliente, con nombre y apellido".
En tanto, Eduardo Escalona, abogado del mismo estudio indica que "el problema no es de la legislación sectorial, sino del Código Penal, el cual debe ser reformado con urgencia para que existan penas que cumplan con su finalidad preventiva y retributiva en forma proporcional a los delitos que la sociedad considera relevantes".
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