La Asociación de Productores Avícolas (APA) impugnó ante la Corte Suprema la sanción del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que, en el marco del denominado Caso Pollos, ordenó su disolución y se refirió en duros términos a la actuación de la instancia encabezada por Tomás Menchaca. Por primera vez desde que se conoció la sanción, que también recayó sobre tres actores de esta industria, el gremio defendió su posición.
Felipe Vial, abogado de la asociación, calificó este castigo como gravísimo e injusto. Uno de sus argumentos es que en el dictamen "no se toma en cuenta que el mercado chileno es el más abierto del mundo".
Añadió que esto cobra importancia ya que en "en Chile se puede importar pollo libremente, por quien quiera, lo que significa que el precio del pollo doméstico se fija por el precio internacional. No hay acuerdo en este mundo que pueda alterar ese precio". Añadió que el TDLC tampoco consideró que desde el año 2000 la APA ha colaborado activamente en la negociación y ejecución de los acuerdos de libre comercio suscritos por Chile con más de 50 países, tratados que, dicen, promueven la importación y exportación de pollos.
"Por eso es absurdo e inverosímil que APA haya estado trabajando simultáneamente en la coordinación de supuestos acuerdos colusivos, que atentan precisamente contra la libre competencia, y en la apertura del mercado internacional".
El profesional puntualizó que el pronunciamiento del TDLC respondió a "conjeturas infundadas, sobre acuerdos inexistentes y carentes de sentido".
Lo que viene
Agrosuper, Ariztía, Don Pollo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la APA confirmaron haber presentado sus reclamaciones ante el TDLC, organismo que debe proveerlas y enviarlas a la Corte Suprema, donde éstas serán tramitadas.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia confirmó que todas las reclamaciones llegaron dentro del plazo establecido, que expiró a la medianoche del martes. Se espera que durante la jornada de hoy la instancia hará públicos los documentos interpuestos por los involucrados en este caso.
En el organismo antimonopolios estiman que el despacho de las reclamaciones hacia el máximo tribunal se concretaría en un plazo de entre cinco y diez días hábiles contados desde el ingreso de los recursos. Lo anterior hizo que tanto las empresas como la FNE declinaran referirse a esta materia.
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