El pleno de la Convención Constitucional aprobó ayer la creación de una nueva comisión, esta vez la relativa a las normas transitorias. Esta instancia será una pieza clave del proceso, pues establecerá los procedimientos y plazos que contendrá la puesta en marcha de la nueva carta fundamental.
El trabajo de este grupo, que estará compuesta de 33 convencionales, referirá entre otros aspectos a la fecha en que termina el Senado y se pone en marcha la Cámara de Regiones, a cuando comienza a regir la nueva estructura del Estado, así como la puesta en marcha de los derechos consagrados en la carta magna y el de los trabajadores a participar en las decisiones de las empresas, entre otros.
“La infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, independiente de su régimen patrimonial”, dice el texto aprobado y que pasó a borrador de la nueva Constitución.
El pleno también ratificó la comisión de armonización, que será la encargada de las correcciones de sintaxis, gramaticales y ortográficas. Esta instancia, de 40 convencionales, incluirá al menos siete representantes de escaños reservados. Su labor implica revisar el proyecto de Constitución, velando por la calidad técnica y coherencia del texto constitucional e identificará posibles inconsistencias entre los contenidos.
En ese marco, presentará al pleno un informe con indicaciones al texto del proyecto. Y con el mismo fin, sugerirá el orden en que deben aparecer las normas constitucionales aprobadas y la estructura de secciones, capítulos o apartados.
Finalizada la labor de las comisiones de Normas Transitorias, Armonización y de Preámbulo, el pleno debatirá y votará las propuestas. La presidencia de la Convención declarará terminado el proceso de revisión por el Pleno. Este texto será la propuesta de Constitución Política que será publicada en los medios oficiales de la Convención y despachada para ser sometida a plebiscito nacional el 4 de septiembre de 2022.
Comunicaciones
Adicionalmente, el pleno analizó el informe de la comisión de Sistemas de Conocimientos y aprobó la norma sobre infraestructura y gestión de redes y servicios de conectividad, que establece que la infraestructura de telecomunicaciones es de interés público, texto que pasó al borrador de nueva Constitución, al igual que la existencia de medios de comunicación públicos en distintos soportes tecnológicos.
Sin embargo, envió de regreso a la comisión normas sobre el espectro radioeléctrico, que indicaba que es un bien común de carácter inapropiable, inalienable e imprescriptible; y el que creaba el Consejo Nacional de Comunicaciones.
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