DOLAR
$994,00
UF
$41.247,63
S&P 500
7.580,95
FTSE 100
10.736,14
SP IPSA
11.315,26
Bovespa
168.176,02
Dólar US
$994,00
Euro
$1.111,98
Real Bras.
$182,72
Peso Arg.
$0,65
Yuan
$149,39
Petr. Brent
113,43 US$/b
Petr. WTI
104,12 US$/b
Cobre
6,48 US$/lb
Oro
3.898,90 US$/oz
UF Hoy
$41.247,63
UTM
$72.151,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍPor: Sebastián Izquierdo, Coordinador Académico del CEP.
Publicado: Viernes 4 de marzo de 2022 a las 04:00 hrs.
Foto: Agencia Uno
“Nuestra meta es que en ocho años Chile cuente con un Estado inteligente, cercano e innovador al servicio de los ciudadanos”. El Presidente Sebastián Piñera marcaba en su programa de gobierno, durante su candidatura, el ímpetu de esta importante tarea. Han pasado cuatro años desde que fue formulada aquella promesa y ha pasado mucha agua bajo el puente respecto a una agenda que, sin duda, sigue siendo uno de los desafíos más importantes para nuestra democracia.
Podemos tener una sociedad civil vigorosa y organizada; podemos consagrar infinitos y generosos derechos sociales, pero sin un Estado efectivo, capaz de implementar eficientemente los imperativos que se le designen, no será la legitimidad sino la frustración ciudadana la que prime, con la que difícilmente podrán lidiar nuestros políticos.


En suma, no es posible pensar en una nueva Constitución sin un Estado moderno que brinde servicios oportunos, de calidad y con un nuevo trato hacia las personas.
Sin duda hemos avanzado en estos cuatro años. Recientemente, el gobierno presentó los resultados de su gestión en la materia, traducidas en 50 medidas pertenecientes a una “Agenda de Modernización del Estado”, estructuradas en 6 ejes que van desde mejorar los servicios, hasta avanzar en probidad y participación.
Éstas consistieron en un conjunto de políticas que buscaban poner el interés de los ciudadanos por sobre las instituciones, y fortalecer la confianza en ellas. En efecto, una parte importante de las acciones que la administración actual llevó adelante, apuntaron a elevar la eficiencia y alcance estatal desde una mirada integral (desde el funcionamiento institucional hasta los recursos humanos), perfeccionando al mismo tiempo los mecanismos de retroalimentación respecto a la experiencia ciudadana con los servicios públicos.
Esto se tradujo en diversas acciones y proyectos legislativos en distintas materias; algunos han ido pasando las vallas, otros han sido resistidos.
Una de las más relevantes fue el intento por modernizar el Estatuto de Empleo Público, que rige a aproximadamente el 20% del gasto fiscal. El Estado está, en última instancia, conformado por individuos que trabajan para que este pueda cumplir su labor de la mejor manera posible.
Es por ello necesario que los servidores públicos posean condiciones aptas para el pleno desarrollo de sus funciones. Sin embargo, la regulación en esta materia posee un carácter híbrido, en el que cada vez priman más los contratos temporales (que en realidad son permanentes), y se relega el valor de la meritocracia.
Al respecto, según la Encuesta Nacional de Funcionarios en Chile (2020), un 49% de los empleados fiscales cree que las transiciones de gobierno afectan su estabilidad laboral, y un 37% y 31% considera que los vínculos personales y políticos, respectivamente, tienen alguna importancia como criterio de promoción.
En el caso específico de los cargos de primer nivel (jefes de servicio), la permanencia de años se encuentra lejos de ser estable, siendo de 2,1 promedio para el año 2021. En tales condiciones es difícil que se pueda llevar a cabo una carrera funcionaria acorde a las altas exigencias que se le presentan al Estado, como tampoco una planificación de largo plazo.
Lamentablemente, frente a los urgentes cambios que se requieren, muchas veces los intereses de los gremios logran vencer el interés público. Del mismo modo, la minoría en el Congreso durante esta administración ha mostrado la cara más obstruccionista de la oposición.
Teniendo esto en consideración, mi evaluación del gobierno es que ha avanzado con convicción, lo suficiente en el entendido del contexto político y cultural en el que le correspondió transitar.
El gran desafío vendrá para el futuro gobierno, el que, debiendo hacerse cargo de esta deuda que el Estado tiene con la ciudadanía, tendrá que retomar esta agenda, pero demasiado tarde. El proceso constituyente, como bien sabemos, contiene muchas esperanzas, que si no nos ponemos al día, se podrían transformar en una peligrosa frustración nihilista.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.