En un escenario en el cual el Fisco chileno enfrenta una clara estrechez y está corriendo la cuenta regresiva para conocer una nueva cifra de pobreza -lo que se prevé para enero- se hace cada vez más urgente el acertado uso de los recursos públicos.
Pero no es fácil, menos cuando hay situaciones como la detectada por el investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), Gabriel Ugarte, quien identificó que los hogares más vulnerables del país están sobrerrepresentados en la focalización del gasto social, o sea, hay un dinero invertido en sectores que eventualmente podrían no necesitarlo.
El ingeniero civil llegó a esta conclusión tras hacer un zoom al Registro Social de Hogares (RSH), que es el sistema de información que califica la condición socioeconómica mediante la combinación de cifras entregadas por las familias y bases de datos del Estado.
Los errores en la entrega de beneficios a través de programas respondería principalmente a dos razones: la subdeclaración de ingresos y a cambios en la composición del hogar.
De acuerdo con información de la Casen 2022, el tramo del 40% más vulnerable a junio de 2025 debería concentrarse en el 41% de la población. Sin embargo, Ugarte llegó a una cifra de 56%. Una brecha que, basada en los datos del Censo 2024, se traduciría en cerca de 1,9 millones de personas adicionales.
Si se considera que el citado grupo se ve beneficiado por cuatro de los programas sociales con mayor impacto presupuestario, que son gratuidad en la educación superior, subsidio habitacional DS49 -para la compra o construcción de una vivienda sin necesidad de crédito hipotecario-, becas de alimentación y bonos sociales, la sobrerrepresentación implicaría un gasto por error de focalización que iría desde US$ 556 millones a US$ 791 millones al año.
Un gasto extra que, al extrapolarlo al total de programas a los que se accede a través del RSH, podría alcanzar hasta los US$ 1.127 millones, o 0,33% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.
En este marco, Ugarte destacó que Chile tiene una trayectoria importante de focalización social y que el avance ha ido en la dirección correcta, pero que quedan pendientes perfeccionamientos.
“No es que está funcionando mal, que haya que terminar con esto y que partamos de cero”, explicó. Pero sí agregó que “todavía hay espacios de mejora importantes, de los que es difícil hacerse cargo, pero no imposible”.
Los motivos
La brecha entre el 41% y el 56% de población vulnerable identificada por el investigador sugiere la presencia de fuentes de inconsistencia en los datos de ingreso per cápita y esto respondería principalmente a dos razones: la subdeclaración de ingresos y a cambios en la composición del hogar.
El primero apunta a los ingresos informales, los cuales solo se incorporan mediante autorreportes por parte de los hogares y no existen registros administrativos que permitan contrastar dicha información.
De hecho, los datos de la Encuestas de Protección Social de 2024 indican que el porcentaje total de trabajadores que no cotizan o que cotizan por debajo de sus ingresos reales representó un 30% del total de ocupados.
La composición del hogar también depende del autorreporte, el cual puede estar desactualizado o reflejar comportamientos estratégicos orientados a mejorar la posición del hogar en la calificación socioeconómica.
Por ejemplo, el RSH consigna 4,7 millones de hogares unipersonales, mientras que tanto el Censo 2024 como la Casen 2022 reportan cerca de 1,4 millones.
Ugarte indicó que “hay un porcentaje relevante de hogares que se fragmentan, donde el principal proveedor sale de su hogar y forma un hogar unipersonal por su cuenta. Y, entonces, queda el otro hogar con la persona que aporta menos ingresos junto con los hijos”, explicó.
Los programas
Los principales programas sociales de mayor impacto presupuestario antes mencionados representaron el año pasado un gasto ejecutado equivalente al 1,77% del PIB y significaron el 15% del gasto total en programas monitoreados.
El más importante de estos fue la gratuidad en la educación superior, que supuso el 0,63% del PIB. De acuerdo con el informe del CEP, un 23% de los beneficiarios pertenece al decil 7 o superior, es decir, no cumplen el requisito de base para recibir el subsidio. Ante ello, el gasto por error de focalización anual está en $ 259.515 millones en un escenario bajo o ascendería a $ 355.450 millones en un escenario alto.
En el caso del programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) significa el 0,46% del PIB y se estima que un máximo de 23% podría encontrarse por encima del tramo del 40%, que es el requisito para adjudicárselo. De esta manera, el gasto por error estaría entre $ 107.962 millones y $ 168.854 millones anuales en cada escenario, respectivamente.
Los programas de alimentación escolar y de educación superior son el 0,40% del PIB y el costo fiscal por error está en un rango de $ 125.505 millones y $ 174.598 millones anuales.
Los bonos sociales SUF y Aporte Familiar Permanente (0,28% del PIB) tendrían un costo de beneficios mal focalizados entre $ 41.832 millones y $ 61.964 millones al año.
Las tres propuestas para atender los flancos que exhibe el apoyo a la población más vulnerable
Un registro único de composición familiar, revisión de la oferta de programas sociales y fortalecer la formalización laboral son las iniciativas recomendadas.
Ugarte señaló que para obtener una mejor focalización social se necesitan desarrollos importantes que incluyen cambios adicionales tanto en el Registro Social de Hogares (RSH), como en la oferta de programas sociales.
Para esto, el también académico y miembro del Panel de Expertos de la Encuesta Casen para la medición de la pobreza propone tres medidas.
La primera, es la creación de un registro único de composición familiar del Estado y una definición funcional del hogar que considere las relaciones económicas y de apoyo efectivas entre sus miembros. Este debería ser utilizado de forma transversal en todos los programas sociales y se podrían considerar los modelos de países como Nueva Zelanda y Australia.
“También es importante aprovechar todas las nuevas tecnologías y los nuevos datos que nos puedan permitir saber cuando una persona está haciendo fraude respecto a esto”, explicó.
Otra iniciativa sugerida es el rediseño de la oferta social para reducir discontinuidades en los beneficios y mejorar su progresividad, además de revisar la centralidad del umbral del 60% de la CSE para desincentivos al comportamiento estratégico.
Algo en lo que Ugarte apunta al ejemplo de la gratuidad en la educación superior, que supone un gran beneficio social, calculado sobre los $ 3 millones anuales y que se entrega al 60% más vulnerable. “El que está en el 61% no lo recibe automáticamente porque hay un corte abrupto. Y esta lógica del todo o nada en el fondo es uno de los grandes culpables de la situación que tenemos hoy día”, afirmó.
La tercera propuesta es el fortalecimiento de la formalización laboral mediante un mejor diseño de la política social, que elimine los desincentivos a cotizar, mejorando los programas que promueven la formalidad e impulsando nuevos instrumentos. Entre estos destaca el impuesto negativo al ingreso laboral.
“Es algo que puede ayudar en la dirección correcta, porque en el fondo se te entrega un subsidio a los ingresos más bajos, pero con el requisito de que tus ingresos y tú seas un empleado formal”, explicó el investigador.
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Amanda Santillán
