La aprobación en general del proyecto de reforma laboral en la Sala del Senado, a pesar del rechazo transversal que puso de manifiesto la oposición en la votación, dio paso al período de redacción de indicaciones que se extenderá hasta el 7 de septiembre y a una intensa agenda de negociaciones para perfeccionar el articulado.
Por esto, en la Alianza parece existir consenso que considerando que la mayoría de las normas del articulado son de iniciativa exclusiva del gobierno y que, por tanto, existe gran probabilidad que las indicaciones que se presenten sean declaradas inadmisibles, se necesita una mirada estratégica para lograr incidir de forma relevante en la decisiva discusión que enfrentará la iniciativa legal durante su tramitación.
Según trascendió, las fichas estarían puestas en concentrar los espacios de diálogo con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ya que será en Teatinos 120 donde en definitiva se liderarán las negociaciones y porque Valdés ha sido uno de los personeros del gobierno que ha tomado distancia del concepto de huelga sin reemplazo, afirmando abiertamente que "tiene que ser proporcional con los efectos sobre otros actores, como las empresas".
La idea es que este punto crucial para la oposición sea finalmente recogido bajo el liderazgo de Valdés, quien es visto como uno de los personeros del gobierno que apuesta por la moderación.
Precisamente, la prohibición del reemplazo en huelga que propone el proyecto ha sido uno de los puntos más polémicos, no sólo para la oposición sino también para los parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC), quienes abrieron una discusión que no parece estar del todo cerrada en el oficialismo respecto a permitir el reemplazo interno.
A esto se suma que a ojos de la oposición el Ministerio del Trabajo ha sido "coartado" por las ideas de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y del Partido Comunista, entrampando cualquier opción de entrar a discutir los ejes de la iniciativa. "Sólo hasta ahora se abrieron a las Pymes, en el resto hasta ahora permanece las anteojeras para abrirse a la realidad", afirma el senador Andrés Allamand.
Mientras, los gremios empresariales seguirían su ronda de encuentros privados con autoridades y/o parlamentarios durante el plazo de indicaciones, manteniéndose a la espera de lo que de ahí se proponga para luego analizarlas y decidir eventuales cambios de estrategia en sus tratativas.
En una entrevista radial, ayer el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, señaló que la iniciativa "es motivo de preocupación no sólo para los empresarios", enfatizando su inquietud por la violencia y las huelgas ilegales.
En cuanto a la huelga, dijo que es un derecho y tiene que producir obviamente la paralización de la producción. "Ese es el objetivo de la huelga, pero no puede tener elementos tales que hagan que el poder de negociación o el daño que pueda producir una paralización vía la huelga, sea mayor y en exceso a veces a lo que se está negociando", explicó.
En la casona de Sótero Sanz darán "sugerencias" para abordar esta discusión.
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