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Publicado: Sábado 31 de agosto de 2024 a las 04:00 hrs.
Un segundo revés judicial tuvo el grupo chino Joyvio en su ofensiva legal contra el empresario chileno Isidoro Quiroga en cortes de Estados Unidos, una arista del conflicto central entre ambas partes por la venta de la salmonera Australis Seafoods.
La jueza Meghan A. Adams, de la Corte Superior del Estado de Delaware, resolvió el miércoles pasado que esa instancia carece de jurisdicción para conocer el caso presentado por el conglomerado asiático. Ello, tras acoger y aceptar una "motion to dismiss" presentada por South Lake One LLC, sociedad radicada en ese estado y ligada a Quiroga. Justamente esa firma se había convertido en el blanco de la ofensiva de Joyvio, que a fines de 2023 acusó al empresario de transferir a ellas bienes de su propiedad a los cuales la empresa china busca resguardar para responder a las indemnizaciones que pretenden obtener por el caso Australis, por lo cual acusaron una “transferencia fraudulenta de activos”.
“Dada la complejidad de los hechos de este caso, se determina que todas las demás cuestiones deben ser determinadas por el Tribunal con jurisdicción en el tema: Court of Chancery” -instancia que resuelve las disputas entre corporaciones y comerciales de ese estado- indicó la jueza Adams en su dictamen, donde se señaló que la parte demandante no estableció precedentes legales necesarios para sustentar su autoridad en ese caso. Ello, tras una audiencia realizada en Delaware en la que Quiroga estuvo representado por Ricardo Pfaff, de Claro & Cia., junto a abogados del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.
Para Joyvio –que realizó las acciones legales en Delaware a través de las sociedades Food Investments SpA y Australis Seafoods-, este dictamen se suma a la derrota sufrida en febrero pasado en este caso en EEUU, cuando la Corte Federal del Distrito Sur de Florida no acogió su acción legal abierta para acceder a movimientos y documentos relativos a las cuentas bancarias de Quiroga existentes en JP Morgan Chase Bank. Ese dictamen de la jueza Jacqueline Becerra -la primera resolución judicial que ocurre en los varios frentes legales del caso- estimó que la acción no estaba bien articulada ni explicaba suficientemente la necesidad de requerir documentos en Estados Unidos.
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