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Publicado: Jueves 18 de mayo de 2017 a las 04:00 hrs.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por AFP PlanVital en contra de la Superintendencia de Pensiones (SP), por la instrucción del regulador a la administradora de abstenerse de ejecutar su plan de reducción del número de sucursales que ésta tiene a lo largo del país.
En fallo unánime, la octava sala del tribunal de alzada consideró que no hubo actuar arbitrario e ilegal en la instrucción que impide que la AFP reduzca 18 puntos de atención presencial.
“Se desprende que el organismo fiscalizador, al representar a la recurrente la inconveniencia de clausurar quince sucursales y tres centros de atención al público, está actuando dentro de la esfera de su competencia, porque obviamente el cierre de esas dependencias implica mayores problemas para los afiliados a esa AFP, quienes deberán desplazarse para ser atendidos en otras oficinas regionales”, sostiene el fallo.
Se trata de un nuevo revés para la administradora, la que, de acuerdo a lo señalado por su presidente y gerente general en la junta de accionistas de abril pasado, se mostró confiada en que la corte fallaría a su favor.
La AFP ahora tiene la opción de apelar el fallo ante la Corte Suprema. Al ser consultados, desde PlanVital no se refirieron al tema.
El municipio quedará a cargo del recinto a partir del próximo 6 de noviembre, cuando finalice la concesión vigente. Desde los locatarios valoraron la medida como una oportunidad para revitalizar el centro gastronómico.
Los expertos abordaron las dificultades de las empresas para gestionar los datos, las altas multas y la oportunidad que abriría la prórroga para adaptarse a la regulación.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
La propuesta plantea cambiar la compensación con el Seguro de Cesantía. El Ejecutivo solicitó actualizar el informe actuarial para evaluar su viabilidad y prepara otros ajustes en gradualidad y financiamiento.