Los vehículos blindados de transporte de personal en las calles de Santiago traen malos recuerdos. También los disturbios y los edificios en llamas. La escala y la ferocidad de la violencia durante el fin de semana en la capital chilena fueron las peores desde el regreso del país a la democracia en 1990. Lo que comenzó como una protesta masiva pacífica a principios de semana por un aumento de tarifas en el sistema de metro de Santiago se convirtió en actos de violencia que incluyó el incendio de la sede de una compañía energética y una fábrica de ropa, la quema de docenas de estaciones de metro y el saqueo de supermercados.
La decisión apresurada del presidente Sebastián Piñera el sábado por la mañana de ordenar al ejército a las calles y poner un toque de queda a Santiago (ya extendido a otras ciudades) aumentó aún más la tensión, trayendo ecos no deseados de la larga dictadura de Pinochet. Piñera dio marcha atrás al aumento de tarifas que desencadenó las protestas y pidió un diálogo nacional para abordar las preocupaciones de los manifestantes, pero su torpe manejo inicial de los disturbios y su retórica agresiva han dificultado el éxito del diálogo.
En particular, su caracterización de la situación del domingo como una "guerra contra un enemigo poderoso e implacable" parecía calculada para incendiar los ánimos, en lugar de calmarlos. A este respecto, parece decepcionante que Piñera parezca no haber aprendido las lecciones de las protestas estudiantiles de 2011-12, que marcaron su primer mandato.
La repentina erupción de protestas violentas del fin de semana en Chile puede parecer sorprendente. El país ha superado sistemáticamente a sus pares latinoamericanos en las últimas tres décadas, gracias a las sólidas políticas macroeconómicas que han evitado en gran medida los ciclos perjudiciales de auge y caída de sus vecinos. Este año, gracias en parte a las políticas de inversión de Piñera, Chile crecerá entre un 2% y 3%: lejos de ser espectacular, pero considerablemente mejor que Brasil, Argentina o México.
La desigualdad de ingresos ha marcado desde hace mucho tiempo a Chile. Sin embargo, los datos del Banco Mundial muestran que Brasil, Colombia y México son sociedades más injustas; Entre las economías más grandes de la región, solo Argentina y Perú son más iguales. La diferencia parece ser que el mayor nivel de vida de Chile y la aspiración a menudo declarada de unirse al mundo desarrollado han creado mayores expectativas; el país ahora desea medirse contra sus pares de la OCDE en lugar de los latinoamericanos. En estos puntos de referencia, aún queda mucho por hacer para mejorar la educación, para garantizar servicios públicos a precios razonables, mejores pensiones y empleos de mayor calidad.
Por ahora, la prioridad en Santiago debe ser detener la violencia y la calma antes de que se pierdan más vidas. Para que esto suceda, los manifestantes deben creer que la oferta del gobierno de abrir un diálogo es sincera y dará lugar a cambios en las políticas para abordar las preocupaciones legítimas sobre la desigualdad persistente, el elevado costo de vida y el alto desempleo juvenil. Puede haber lecciones aquí que aprender de la forma en que el presidente francés Emmanuel Macron eventualmente manejó las protestas de chalecos amarillos.
Piñera ha entendido correctamente la necesidad de hacer que Chile sea más atractivo para los inversionistas extranjeros y de impulsar el crecimiento económico después de un período de estancamiento bajo su predecesora socialista, Michelle Bachelet. Si se quiere preservar la estabilidad ganada con esfuerzo de su país, ahora debería mostrar una sensibilidad similar hacia los chilenos menos afortunados. El presidente multimillonario le dijo al Financial Times este mes que su país necesitaba un modelo de crecimiento más inclusivo; debe practicar lo que predica.
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