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REGÍSTRATE AQUÍEl informe documenta violencia contra los residentes que intentaron protestar o resistirse.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 12 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
Por Rahul Jacob
Hong kong
Los desalojos en China han subido bruscamente en los últimos años a medidas que los altamente endeudados gobiernos locales, que buscan apuntalar sus finanzas, intentan recaudar fondos vendiendo terrenos confiscados, dijo Amnistía Internacional.
En un informe que documenta 40 desalojos entre enero de 2010 y enero de 2012, el grupo de derechos humanos culpó en parte al paquete de estímulo por US$ 628.500 millones desplegado por Beijing en respuesta a la crisis financiera de 2008.
Amnistía dijo que Beijing había delegado en los gobiernos locales la responsabilidad de financiar la mayoría de las inversiones comprometidas en el paquete de estímulo, haciendo a esas autoridades incluso más dependientes de la venta de tierras.
“La respuesta de Beijing a la crisis financiera ha colocado más presión sobre las finanzas locales”, dijo el informe. “El ritmo de desalojos obligados en China se ha acelerado en parte porque las autoridades locales tienen un incentivo fiscal para despejar terrenos para el desarrollo”.
El informe documenta violencia contra los residentes que intentaron protestar contra, o impedir, la confiscación de la tierra. En marzo de 2010, una mujer de 70 años que intentó detener un equipo de construcción fue enterrada viva con tierra de una excavadora en la provincia de Hubei, en China central. En diciembre de 2010, la muerte en custodia de Xue Jinbo, un líder de las protestas en la aldea de Wukan, desató once días de manifestaciones.
Amnistía cita a Lin Zuluan, el nuevo líder de Wukan, diciendo que “las consultas, negociaciones y litigaciones ayudan poco en los temas de tierras”. Pero los aldeanos de Wukan dicen que Lin ha sido incapaz de recuperar más que una fracción de los terrenos confiscados por su predecesor, tras ser bloqueado por el gobierno de la vecina ciudad de Lufeng.
En el Ciclo 2026 de Conversaciones Entre Códigos, los abogados Paola Cifuentes y Rodrigo Guzmán también participaron en el panel que analizó el nuevo mapa regulatorio que se configura en materia ambiental.
Un levantamiento de Buk muestra que incluso entre las compañías de 200 o más trabajadores, que estarán obligadas a reportar indicadores, prácticamente la mitad nunca ha realizado el ejercicio.
Tribunal de Contratación Pública dijo que “se vulneraron las reglas que disciplinaban el procedimiento licitatorio y, consecuencialmente, el principio de igualdad entre los oferentes”.
Centro de salud mental y la unidad de terapia celular, forman parte de un plan de inversiones por US$ 13 millones, que también incluye un área para la atención de adultos mayores.