El Centro de Innovación para la infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) trabajó los últimos siete años en un programa piloto que pretende disminuir los conflictos en obras no concesionadas.
Según cifras de la Dirección General de Obras Públicas (DGCOP), el 96% de los contratos del MOP se modifica, y en promedio se generan aumentos de 30% en los plazos de los contratos.
Bajo ese contexto, la CChC propuso al gobierno en marzo de este año un plan piloto, que será aplicado en siete proyectos que están en ejecución y que constará de un comité permanente para cada contrato.
Este panel de expertos estará presente durante todo el contrato del proyecto y que tendrá facultades para evaluar y recomendar a fin de evitar discrepancias entre el ministerio y el contratista.
“La idea es que apoye a las partes en soluciones técnicas y administrativas en el proceso de continuación de obra pública, de tal forma de generar un espacio de diálogo y de acercamiento, porque aquí entre dos posiciones del inspector fiscal y la empresa, no hay espacio de arbitraje y se transforma en un conflicto posterior”, señala Carlos Zeppelin, presidente del comité de Obras de Infraestructura Pública de la CChC.
“La idea es incorporar esto en la habitualidad de los contratos. Así como existe un Panel Técnico de Concesiones, debiera haber un mecanismo instaurado en la normativa y en la regularidad de todos los contratos no concesionados”, agrega Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de la CChC .
La composición del comité variará de acuerdo al tamaño de la obra, pero en la etapa de pilotaje contará con tres personas. La idea es que sean dos ingenieros y un abogado.
En cuanto al financiamiento, Zeppelin explica que aún se está definiendo, pero que los estándares internacionales indican que del orden del 0,5% del monto del contrato es el costo de este tipo de paneles.
“Nosotros creemos que, según la cifras que tenemos, si ese 0,5% lo aplicas a todos los contratos de obras públicas, los beneficios son mucho mayores al gasto que tendrías al implementar ese panel”, dice Zeppelin.
Un punto que aún se está evaluándo es si estos paneles estarán alojados o no en el ministerio.
Otra gestión que está realizando el gremio, en caso de que las partes de todas maneras decidan ir a tribunales (mecanismo habitualmente utilizado hoy en día), es el aumento de facultades del Tribunal de Contratación Pública.
Actualmente sólo puede operar desde el llamado a licitación hasta el proceso de cierre de ésta, y lo que proponen es que se extienda durante toda la ejecución del contrato, así como el aumento del número, ya que sólo existe uno y está en la Región Metropolitana.
“Creemos que cerca del 80% de los conflictos son solucionables vía procedimiento o con algunos pequeños ajustes”, concluye Zeppelin.
Hasta el momento cuentan con una lista de 32 especialistas que están dispuestos a ser parte de la mesa técnica, y sólo les queda esperar la aprobación del gobierno para poner en marcha el plan piloto.
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