La caída del consumo de vino tradicional y el aumento de los niveles de sobrestock están empujando a la industria vitivinícola chilena a buscar nuevas fórmulas para recuperar demanda. En medio de ese escenario, y tras una discusión que despertó críticas entre distintos actores del sector, el gobierno concretó uno de los mayores cambios regulatorios de las últimas décadas para la elaboración de vinos en Chile.
Se trata del decreto N° 68 del Ministerio de Agricultura, que fue publicado este viernes en el Diario Oficial y modifica el reglamento de la Ley de Alcoholes vigente desde 1986. La normativa incorpora la categoría de “vino bajo alcohol”, definida como una bebida elaborada exclusivamente a partir de uva parcial o totalmente fermentada, mediante prácticas enológicas autorizadas y con una graduación alcohólica real mínima de 8,5°.
El cambio no elimina el piso de 11,5° establecido para el vino tradicional, sino que crea una categoría adicional para aquellos productos que se ubiquen por debajo de ese umbral. Hasta ahora, la regulación reconocía vinos desalcoholizados, parcialmente desalcoholizados y determinados espumantes de baja graduación, pero no contemplaba expresamente vinos de menor grado obtenidos mediante prácticas enológicas autorizadas.
La publicación marca el cierre de una discusión que, según el ministro de Agricultura, Jaime Campos, se arrastraba desde hace al menos 15 años y que se intensificó durante el último tiempo. A comienzos de septiembre, luego de que Contraloría tomara razón del decreto, el secretario de Estado defendió la modificación y sostuvo que permitirá alinear la normativa chilena con las tendencias internacionales, al incorporar una nueva categoría para vinos de entre 8,5° y 11,5° de graduación alcohólica, hasta ahora inexistente en la regulación nacional.
Un cambio en medio de la caída del consumo
La modificación ocurre, además, en uno de los períodos más desafiantes para la industria. Y el propio Gobierno lo reconoce en los fundamentos de la nueva normativa.
En el decreto, Agricultura reconoce que durante los últimos años se ha registrado, tanto en Chile como a nivel internacional, una “disminución sostenida en el consumo de vino tradicional”, junto con un aumento de las existencias o sobrestock, fenómeno que atribuye, entre otros factores, a una menor demanda por productos con alto contenido de alcohol.
En la dirección contraria avanzan las alternativas con menor graduación. Para justificar el cambio, el Ejecutivo incorporó al decreto una estimación según la cual el mercado mundial de vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados, valorado en US$ 1.180,83 millones en 2023, podría alcanzar US$ 7.892,17 millones en 2032, equivalente a una tasa de crecimiento anual compuesta de 23,5%.
De cumplirse esa proyección, el mercado multiplicaría su tamaño por casi siete en nueve años.
Agricultura atribuye el fenómeno a tendencias vinculadas con estilos de vida saludables, la moderación en el consumo de alcohol y cambios en las preferencias de las nuevas generaciones. Esto, sostuvo, ha llevado al sector a ampliar su oferta hacia productos con menor o nulo contenido alcohólico.
Pero el cambio regulatorio ha estado lejos de generar consenso.
Una de las principales críticas ha venido desde organizaciones de pequeños y medianos viñateros. En agosto, siete agrupaciones recurrieron a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para solicitar que fiscalizara el proceso, argumentando que una modificación reglamentaria no podía rebajar el mínimo establecido legalmente. También han surgido cuestionamientos respecto de la capacidad del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para fiscalizar la nueva categoría y garantizar su trazabilidad.
Los reparos también apuntan a los efectos económicos que podría generar el cambio dentro de una industria marcada por importantes diferencias de escala.
Nuevas prácticas para las viñas
La reforma también incorpora una batería de nuevas prácticas enológicas recomendadas internacionalmente. Entre ellas están el tratamiento de uvas con ultrasonido y pulsos eléctricos, el procesamiento mediante alta presión -incluida la denominada pasteurización en frío- y nuevos tratamientos aplicables a mostos y vinos.
Según Agricultura, el objetivo es armonizar la normativa local con los estándares de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), incorporando avances tecnológicos que permitan mejorar la competitividad del sector.
El decreto sostiene que, dado el peso de Chile como exportador mundial de vinos, la actualización regulatoria busca facilitar el desarrollo de nuevos productos y apoyar la “innovación, desarrollo y competitividad de la industria vitivinícola”.
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Magdalena Espinosa
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