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Por: Rodrigo Olivares
Publicado: Viernes 14 de diciembre de 2018 a las 04:00 hrs.
Más temprano que tarde podrían comenzar a complicarse las cosas para la industria pesquera. Esto después de un acuerdo entre la comisión de Pesca del Senado y el gobierno para votar este lunes la ley corta del sector.
La normativa tiene alta relevancia, pues es la que contempla terminar con las licencias renovables a los 20 años y promoverá nuevos permisos a través de licitaciones.
Héctor Bacigalupo, gerente general de Sonapesca, advierte su preocupación por lo acelerado del avance de la normativa y la falta de participación que se ha dado.
“No ha ocurrido nunca en la historia legislativa que se niegue a recibir a la gente y eso es lo que pasó” sostuvo, añadiendo que aún habían 15 instituciones que pedían ser escuchadas.
¿Qué instancias se barajan ante esto? Según Bacigalupo: “Nosotros ya estamos trabajando con varios estudios de abogado en los distintos gremios, permanentemente, y hemos dicho que nos vamos a defender porque nos costaron caro. Hay un mito porque se habría regalado el mar, pero la industria tenía sus permisos. Y pasamos a 20 años renovable, que es menos que indefinido”.
“Sentimos que con eso alcanzábamos paz social, y poder tener una mirada de largo plazo. Sin embargo, el mismo gobierno con que llegamos a ese acuerdo, lo desconoce. Eso lo vamos a defender, seguiremos viendo los caminos legales y judiciales que podríamos seguir”, dijo.
Y agregó que “cualquier cosa que la autoridad haga sin tener facultades, la vamos a impugnar, y cualquier cosa que haga por afectar nuestros derechos y generar incertidumbre, la vamos a impugnar”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.