El pasado 2 de marzo, a días del término del gobierno de Sebastián Piñera, el consejo resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) revocó la licencia del casino de Puerto Varas, permiso que ganó Enjoy en 2018 y que se ha convertido en un dolor de cabeza para la firma que hace solo unos días finalizó su reorganización judicial.
Ese encuentro fue liderado por el entonces subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, y contó con la presencia de los subsecretarios de Turismo y de Desarrollo Social de esa administración -María Paz Troncoso y José Luis Uriarte, respectivamente-, de la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, además de un representante de la Comisión para el Mercado Financiero.
Vivien Villagrán, superintendenta de Casinos. Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda.
En esa jornada, Weber -en representación de los miembros del consejo- defendió el actuar de la SCJ ante el proceso y respondió a cada uno de los descargos que Enjoy había informado en agosto del año pasado, tras el inicio de la revocación de la licencia.
Uno de los argumentos expuestos por la firma fue una crítica que ya ha dado a conocer en varias ocasiones y que concierne a una situación de "caso fortuito o fuerza mayor" que le impidieron realizar el proyecto integral en Puerto Varas, refiriéndose a "la implementación de acciones judiciales, administrativas y vías de hecho, constitutivas de un ilícito de competencia desleal, que llevó a cabo el grupo Sun Dreams en contra de Enjoy y la sociedad operadora".
Si bien este descargo no fue contestado por Weber, ya que se había tratado en un argumento anterior en el que la empresa señalaba que la eventual aplicación de la sanción de revocación y sus sanciones beneficiarían ilegítimamente a su archirrival, en el consejo resolutivo del 2 marzo el ahora exsubsecretario manifestó que "la sociedad operadora, más allá de presentar un listado de las acciones interpuestas por su competidora, no ha demostrado cómo éstas pudieron haber afectado al desarrollo de las actividades que le correspondían para poder dar ejecución a su permiso de operación, ya que, de acuerdo a los descargos de la sociedad, ninguna de ellas ordenó la paralización de las actividades que debía desarrollar, entre otras cosas, porque la construcción del proyecto nunca llegó a desarrollarse".
El rol del municipio
Otro descargo de Enjoy en relacion a su imposibilidad de realizar las obras, fue la conducta de la Dirección de Obras Municipales de Puerto Varas, la cual "habría hecho irrealizable el proyecto dentro de los plazos comprometidos". En este punto, la compañía señaló que una de estas acciones fue la negativa reiterada a la aprobación de los anteproyectos de edificación. En este punto, Weber respondió que "para el municipio, la sociedad Casino de Puerto Varas S.A nunca habría cumplido con la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), por lo que no correspondía otorgar la aprobación del anteproyecto de edificación".
Enjoy también criticó la existencia de "obstáculos para obtener permisos de subdivisión". En este argumento, Weber fue enfático: "En virtud de la capacidad de carga de las calles a las que se enfrentaba el proyecto, el predio en el que se ubicaba el proyecto integral no cumplía con la capacidad máxima de carga establecida en la normativa general de urbanismo y construcción, sumando la carga del casino de juegos y del hotel".
Más adelante, el entonces subsecretario de Hacienda puntualizó que, sin calificar la conducta del municipio, "no es posible determinar con la información provista que ese organismo sea responsable, arbitrariamente, por los retrasos en la obtención del permiso de edificación, si la misma sociedad operadora debió corregir diversos aspectos de su proyecto, faltando menos de un año para que expirase el plazo prorrogado de construcción".
Las boletas de garantía
Ante la aplicación de la revocación del permiso de operación, Enjoy advierte la presencia efectos antijurídicos por motivos como que "las garantías de pago de la oferta económica y de cabal cumplimiento del desarrollo de proyecto son desproporcionados".
A esto, Weber respondió que el "incumplimiento de la sociedad operadora fue total", puesto que "no construyó ni el casino ni las demás obras que comprende el proyecto integral. Por responsabilidad de la sociedad operadora, el municipio dejará de recibir por un mínimo de cinco años una oferta económica adjudicada en virtud de un permiso de operación".
A modo de ejemplo, dijo que actualmente se recibe un pago fijo de UF 43.500 anual en virtud de un contrato de concesión municipal, y que la oferta económica de Casino de Puerto Varas S.A era de UF 151.501, por lo cual "cada año el municipio sin un nuevo operador dejará de percibir UF 108.001, sin considerar los ingresos variables por ingreso específico al juego".
A pesar de que por la unanimidad de los miembros del consejo se decidió revocar el permiso a la compañía, Enjoy dijo que apelará a la decisión. Mientras ocurre este proceso, el actual concesionario del Casino Municipal de Puerto Varas, Dreams, podrá seguir funcionando, hasta que la SCJ inicie un nuevo proceso de licitación.
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