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REGÍSTRATE AQUÍPor: P. Vargas
Publicado: Jueves 23 de mayo de 2019 a las 17:58 hrs.
Tras la decisión del máximo tribunal del país de revertir el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que hace algunos meses aprobó con condiciones el acuerdo conjunto entre Latam y American Airlines e IAG, la aerolínea nacional reaccionó y en palabras del presidente de Latam Airlines Group lamentó la decisión de la Corte.
"Después de más de dos años y una evaluación profunda por la autoridad técnica competente, estamos sorprendidos que la Corte Suprema ha desestimado tanto los beneficios para los pasajeros como las mitigaciones solicitadas por el TDLC," dijo Ignacio Cueto esta tarde.
El presidente de Latam, señaló que la determinación del máximo tribunal "es un mal precedente para el desarrollo de la aviación comercial del país, que hoy cuenta con la industria aérea más desarrollada de Latinoamérica, con más del doble de viajes per cápita que el resto de la región. Esto es un retroceso para Chile", dijo y agregó que mantiene su convicción de que los JBA son el futuro de la industria en Latinoamérica y el mundo.
"Hoy, legalmente están las condiciones para implementar estos acuerdos en varios países donde ya han sido aprobados, incluyendo Brasil, y nos encontramos evaluando estas alternativas," enfatizó .
La empresa en comunicado detalló que los acuerdos han sido aprobados por todas las otras jurisdicciones en la región, incluyendo la de Brasil (Consejo de Defensa Económica), Colombia (Aerocivil) y Uruguay (Dinacia). El JBA entre LATAM e IAG no requiere aprobaciones adicionales, mientras que el acuerdo con American Airlines está pendiente del visto bueno del Departamento de Transporte (DoT) en Estados Unidos.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.