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REGÍSTRATE AQUÍSin embargo, ordenó una serie de medidas a las autoridades. ENAP valoró la resolución.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 29 de mayo de 2019 a las 04:00 hrs.
A casi solo tres meses de cumplirse un año de la crisis ambiental de Quintero y Puchuncaví, la Corte Suprema resolvió 12 recursos de protección que fueron presentados por diversos actores, revocando la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso al acoger nueve de ellas.

Según la Suprema, si bien hay antecedentes para presumir que la actividad económica realizada por las firmas que están en la zona serían las causantes de los episodios de contaminación, “no existen elementos de juicio bastantes para atribuir responsabilidad a ninguna de tales empresas en concreto”. Esto, porque no ha sido posible establecer con certeza cuáles son los compuestos que causaron los incidentes.
Además, establece una serie de medidas y planes que tiene que tomar la autoridad. Por ejemplo, iniciar los procedimientos para ponderar la pertinencia y utilidad de reformar, incrementando incluso si fuese necesario, los niveles de exigencia.
Entre los recursos rechazados figura el presentado por el senador RN Francisco Chahuán y que apuntaba a la responsabilidad de ENAP en la crisis. Desde la empresa valoraron la sentencia, en especial los que iban contra la compañía y que se ordene a la “autoridad ambiental implementar los estudios pertinentes y con el análisis adoptar las medidas apropiadas que eviten que ocurran estos sucesos”.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.