La trama del caso de colusión conocido como el cartel "de los primos”, que involucra a altos ejecutivos de las filiales chilenas de las empresas de vales de almuerzo de origen francés, Pluxee y Edenred, sumó un nuevo capítulo.
Luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) hiciera pública su investigación en mayo, el pasado 31 de agosto finalmente se notificó, en su domicilio en Alicante, España, a Santiago Machado, exgerente general de Pluxee, quien recientemente entregó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) su contestación al requerimiento.
Cabe recordar que la investigación apunta a Machado y a otros tres protagonistas de actuar conjuntamente para influir en el mercado de los vales de almuerzo entre 2013 y 2021: su antecesor, el francés Thierry Guihard (gerente general de Sodexo entre 2008 y 2017) y los ejecutivos de su competencia Philippe Blecon (gerente general de Edenred entre el 2013 y 2018) y Fernando Muller (su sucesor).
Eso sí, la FNE hoy busca cobrarle únicamente a Machado una multa personal de US$ 104 mil, que se suman a los otros US$ 39,6 millones dirigidos a la empresa que dirigió en Chile entre 2017 y 2022. Los ejecutivos de Edenred, en tanto, se habrían salvado de cualquier multa puesto que colaboraron con la investigación bajo la figura de delación compensada.
Así, representado por el abogado Cristián Muñoz Muñoz –de Muñoz & Cía Abogados– el ejecutivo venezolano manifestó evidenciar una “asimetría” respecto del caso, puesto que –alegó– estaría cargando “en solitario, con el reproche pecuniario íntegro que la Fiscalía atribuye a los ejecutivos de ambas empresas”.
Llegada tardía al origen del acuerdo
En su escrito, el exejecutivo puso sobre la mesa que el requerimiento sitúa el origen del acuerdo imputado “al menos, a partir de febrero de 2013”, con la llegada a Chile de Philippe Blecon” (Edenred), que en esa época se habría comenzado a reunir y vincular con su par francés Thierry Guihard, entonces gerente general de Sodexo.
Según la defensa de Machado, por tanto, la confabulación acusada habría empezado antes de su llegada a la gerencia general, por lo que –apuntó– “cualquier antecedente, comunicación o mecanismo de ejecución del Acuerdo verificado entre febrero de 2013 y febrero de 2017 resulta inoponible a título personal a don Santiago Machado”.
A su juicio, solo se le debería imputar una multa proporcional considerando el periodo en que ejerció: “marzo de 2017 y octubre de 2021, esto es, cuatro años y siete meses, equivalentes a un 52,9% del período total de duración del Acuerdo que la propia Fiscalía atribuye a las Empresas Requeridas”.
“Haber heredado y beneficiarse pasivamente de una estructura de mercado configurada por terceros, sin haber participado en su diseño ni haber renovado o ratificado personalmente el mecanismo que le dio origen, no equivale jurídicamente a haber celebrado o ejecutado el acuerdo que lo instauró”, dice el escrito.
¿Y Guihard?
El exejecutivo cuestionó directamente a la ausencia de multas a su antecesor: Thierry Guihard. “No obstante que fue bajo su gestión que se diseñaron y se ejecutaron los mecanismos de ocultamiento más gravosos de la conducta, la Fiscalía no lo ha incluido como parte requerida en este proceso, ni ha solicitado en su contra una sanción infraccional alguna”.
Además, afirmó que la FNE ya afirmó que Machado “reconoció espontáneamente, aunque de manera parcial, su intervención en la conducta ilícita”, en una declaración voluntaria en 2025, lo que habría ayudado a esclarecer los hechos, sin embargo, la FNE “limitó los efectos de dicha colaboración”.
En esta línea, solicitó que se reduzca sustancialmente el monto de la multa solicitada en su contra ponderando su colaboración voluntaria prestada, “la ausencia de todo rol de organización, gestión o coacción en el Acuerdo, y el período efectivo y acotado de su participación personal, fijándola en una suma no superior a 20 Unidades Tributarias Anuales (UTA)”.
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Catalina Vicuña
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