Por Miguel Bermeo
El proyecto de ley de carretera eléctrica es positivo y va en la dirección correcta al facilitar las necesarias obras de construcción y expansión del sistema de transmisión, sin perjuicio que siempre es posible introducir algunos perfeccionamientos, dice un análisis del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) que desmenuza el proyecto que el gobierno envió al Congreso la semana pasada.
“Uno de los aspectos más importantes del proyecto es que permite integrar nuevos parámetros en la definición de los trazados de la infraestructura de transmisión, lo que responde mejor a la creciente inquietud de la ciudadanía y, a su vez, da mayores certezas a los desarrolladores de proyectos que se han visto enfrentados a cada vez más fuertes grados de incertidumbre”, señala el documento.
Para LyD, dada la dificultad que hoy enfrentan los proyectos de transmisión, “podría ser positivo que exista una mayor injerencia del Estado, que permita facilitar los terrenos y reducir los riesgos y plazos involucrados para los desarrollos privados, a través de un diseño en que la definición de los trazados y la urgencia de las obras tengan mayor visibilidad y legitimidad de cara a la ciudadanía”. En todo caso, la pronta aprobación del proyecto de carretera eléctrica será un elemento clave para asegurar que las obras de transmisión se realicen en los plazos requeridos.
Críticas a la autoridad
Sin embargo, LyD señala que “el proyecto responde a un cambio en las exigencias ciudadanas, pero también, en parte, a la falta de voluntad política que requiere sacar adelante proyectos, tanto en materia de transmisión como generación. Así, si bien es loable querer integrar al proceso de definición de las líneas de transmisión variables ambientales y sociales, lo cierto es que hoy existe la institucionalidad para ello: el SEA. Lo que ha faltado, entonces, es un mayor liderazgo por parte de la autoridad para lograr el desarrollo de aquellas obras que son necesarias para el país, como también mayor disposición para hacer cumplir la ley”.
A modo de ejemplo, LyD acusa que no se han evitado las paralizaciones de obras con fuerza pública, ni se han acotado los montos indemnizatorios al valor alternativo de los predios, aún cuando la ley así lo permite.
El documento agrega si debe o no “cuestionarse si los problemas prácticos se resuelven necesariamente con más regulaciones y nuevos procedimientos o si lo que falta, al menos en algunos casos, es solucionar y promover la ejecución de iniciativas utilizando adecuadamente la regulación vigente”.
Además, el think tank analiza los puntos positivos y negativos del proyecto, y entrega una lista de mejoras que se podrían hacer al proyecto (ver recuadros).
Lo bueno del proyecto
Ocho puntos positivos destaca el think tank del proyecto. Primero, que mantenga el marco general de los estudios de transmisión troncal (ETT) con algunos perfeccionamientos, lo que resulta adecuado pues cuenta con una institucionalidad y plazos bien definidos y opera adecuadamente. Segundo, que declara de utilidad pública el sistema troncal (líneas longitudinales y algunas transversales) "lo que permite que, en caso de definirse como parte de la carretera eléctrica, el Estado pueda imponer servidumbres de paso por Decreto Supremo". Luego, que el EFT integra a la definición del trazado óptimo variables de carácter ambiental y social, dando respuesta a la creciente presión ciudadana en estas materias. A ello agregan que el EFT contempla el levantamiento de información relevante para el estudio de impacto ambiental lo que debiera ayudar a acelerar los plazos de la tramitación ambiental; también que se entrega al adjudicatario un trazado ya definido y con la servidumbre otorgada, reconociendo su condición de concesionario; así como el sistema de pago por las obras.
Aspectos negativos
Siete aspectos negativos ve LyD. Entre ellos, que la carretera se vea como un mecanismo para fomentar el ingreso de las ERNC a la matriz, lo que trae el riesgo de que se incentiven fuentes de generación no competitivas sin transparentar los costos que ello significa. También que se busque potenciar polos de generación cuya explotación sea beneficiosa para el país, "lo que tiene implícito un grado importante de discrecionalidad en la definición de lo que es o no beneficioso". Otra crítica es que introduce un grado de arbitrariedad al establecer que el Estado definirá cuáles líneas requieren de EFT, en vez de hacerlo para todas las nuevas de líneas troncales salvo excepciones. A ello añade que permite al concesionario realizar cambios una vez definido el trazado, lo que obliga a reiniciar el procedimiento de aprobación, alargando los plazos. También que se deja en manos del Consejo de Ministros la aprobación final del trazado, "siendo que esta instancia ha probado ser inadecuada para resolver temas complejos, lo que podría trabar o hacer menos ágil la tramitación", entre otros temas.
Cambios propuestos
LyD propone mejorar cuatro áreas del proyecto. Primero, sugiere que debiera exigirse el EFT a toda nueva construcción o expansión del sistema troncal, salvo obras que sean excluidas por razones fundadas. En segundo lugar, que se debiera alentar una participación más activa del sector privado en el proceso de elaboración del EFT, aunque fuere a nivel consultivo, para evitar cambios posteriores -cuando ya ha sido aprobado- lo que retrasa la definición del trazado definitivo y el inicio de las obras. Una tercera mejora consideraría que el Comité Interministerial podría incluir un representante del Ministerio de Economía para incorporar la visión de la actividad productiva. Por su parte, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad debiera estar sujeto a plazos perentorios para su pronunciamiento, que se cumplieran verdaderamente; y, finalmente, que se debiera eliminar de la ley la facultad del Ministro de Energía de solicitar modificaciones al trazado, en vista que hay instancias anteriores (el Comité Interministerial) que debieran acoger los cambios requeridos.
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