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Publicado: Jueves 19 de febrero de 2015 a las 04:00 hrs.
Ayer entró en vigencia la Ley 20.818, que perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos.
Desde ahora, más de 1.000 servicios y órganos públicos están obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero todas las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que adviertan dentro de sus funciones.
Entre las normas que evitan el financiamiento del terrorismo, destacan el congelamiento y retención de activos de las personas que se encuentren en los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora alcanzaron US$ 64,9 millones frente a los US$ 43,5 millones registrados en igual período de 2025. Es decir, un salto del 49,1%.
En el Ciclo 2026 de Conversaciones Entre Códigos, los abogados Paola Cifuentes y Rodrigo Guzmán también participaron en el panel que analizó el nuevo mapa regulatorio que se configura en materia ambiental.
Un levantamiento de Buk muestra que incluso entre las compañías de 200 o más trabajadores, que estarán obligadas a reportar indicadores, prácticamente la mitad nunca ha realizado el ejercicio.
El período de prueba se extenderá por seis meses y tendrá, por ahora, sólo carácter ambulatorio. La infraestructura es la primera de un proyecto de desarrollo en materia de centros asistenciales y estará dotada de tecnología de punta para exámenes, atenciones médicas y servicios ambulatorios.