Uno de los litigios laborales más longevos del sector bancario chileno llegó a su cierre. Scotiabank concretó el pago de $ 3.190 millones a los extrabajadores del extinto Banco del Desarrollo (BDD), poniendo fin a una disputa de 17 años originada cuando la entidad, tras absorber al BDD en 2009, dejó de pagar la “asignación de estímulo” pactada en el contrato colectivo vigente.
La demanda fue impulsada por el sindicato de trabajadores de Scotiabank exBDD, presidido por Gloria Soto, con la representación de los abogados Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa, de RFU Abogados. El caso recorrió todas las instancias: tribunales laborales, de cobranza, Corte de Apelaciones e incluso el Tribunal Constitucional. En 2023, la sentencia fue confirmada y declaró que el banco debía pagar la asignación adeudada.
En paralelo, el sindicato denunció al banco por prácticas antisindicales, acusando amedrentamiento judicial mediante demandas civiles contra los dirigentes y la organización por exigir el pago.
Si bien el banco depositó el vale vista el 25 de noviembre de 2024, tras agotar todas las instancias legales disponibles, la entrega efectiva del dinero comenzó recién en julio de 2026 , luego de que el sindicato apelara al monto y recurriera al Tribunal Constitucional exigiendo que la suma incluyera intereses además de reajustes. Finalmente, el pago se concretó sin intereses.
Hoy el sindicato desarrolla un proceso activo de pago y búsqueda de beneficiarios: con el paso de los años, varios de los 650 socios fallecieron o se encuentran inubicables, por lo que se está localizando a ellos y a sus herederos.
Tanto el banco como el sindicato celebran que la disputa haya concluido. “En Scotiabank valoramos que este proceso haya finalizado y que se haya determinado el monto a pagar correspondiente a cada uno de los trabajadores beneficiados por esta sentencia de noviembre de 2024. En cumplimiento de la decisión judicial, Scotiabank en diciembre de ese año depositó en el Tribunal el pago íntegro del monto determinado ascendente a $ 3.190 millones”, declaró la entidad.
A su turno, Claudio Fuentes, abogado del sindicato y socio de RFU Abogados, señaló que “este largo juicio constituye un hito para el derecho laboral chileno. 17 años de litigio confirman que las obligaciones contractuales no se extinguen por el paso del tiempo ni por la utilización reiterada de recursos procesales. Este desenlace es, en gran medida, resultado de la perseverancia de Gloria Soto, presidenta del sindicato, quien sostuvo el reclamo de sus asociados a través de todas las instancias judiciales sin ceder ante un proceso especialmente prolongado”.