Tras cinco jornadas de audiencias, durante la mañana de este jueves comenzó el turno de las defensas para presentar sus descargos ante las imputaciones realizadas por el Ministerio Público y querellantes en la masiva y extensa formalización del caso Sartor.
La investigación persigue los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, contrato simulado, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, en el marco de la trama que derivó en la intervención de la administradora y sus fondos.
En el marco de la discusión de prisiones preventivas para Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante, la primera defensa tomó la palabra: el socio de Winter Etcheberry, Jaime Winter, en representación de Pedro Pablo Larraín.
“Lamentamos profundamente la situación en la que hoy se encuentran los fondos que estaban siendo administrados por Sartor. Evidentemente esto es algo que afecta a los aportantes y es algo que en ningún caso hubiéramos querido que hubiera sucedido”, comenzó la introducción a su intervención el abogado.
Tras relatar los orígenes del grupo y la AGF de Sartor, Winter apuntó contra la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y su intervención en la gestora como responsable en parte del devenir de los fondos.
“Se produjo la suspensión de los aportes, pero lo que no sucede es la suspensión, en su momento, de los rescates”, subrayó.
A juicio del penalista, “esto es de vital importancia entenderlo por sus efectos, porque se produce una solicitud de rescates en gran cantidad”, detallando que alcanzó un 34% de los activos gestionados por la firma o más de $ 175.000 millones.
Según Winter, la decisión de la CMF habría llevado a los fondos a vender sus activos más líquidos, “y cuando se produce una situación como ésta, necesariamente hay una pérdida importante de valor de la cartera total de los fondos que al menos debiera representar cerca de un 20%”, aseguró.
El perjuicio
También, el abogado de Pedro Pablo Larraín apuntó contra el perjuicio a los aportantes cifrado por la Fiscalía en audiencias previas, el que alcanzaría a US$ 190 millones.
“No se expresa cómo se constituyen estas cifras, no hay una metodología, no hay un desglose, lo que resulta especialmente cuestionable si es que se entiende que la propia formalización menciona alrededor de 20 operaciones distintas”, sostuvo el abogado.
De acuerdo con el abogado, “tenemos la idea que si uno suma el monto de todas las operaciones señaladas (por la Fiscalía) de las personas relacionadas" en Chile, Estados Unidos y Perú, se llegaría a la cifra mostrada por el Ministerio Público.
“La Fiscalía equiparó exposición (inversión en emisor determinado) con perjuicio (lo que el fondo deja de percibir)”, afirmó. Sin embargo, una inversión “pasa a perjuicio cuando la exposición no puede ser cumplida”, sostuvo.
“Varias de las operaciones son una exposición. Esto hace que el número presentado por la Fiscalía sería abultado”, añadió.
Lo anterior, lo ejemplificó con el proyecto inmobiliario estadounidense Faena Residences Miami, donde “los fondos mantienen una participación en la sociedad Downtown (la sociedad matriz del proyecto) por el 17%, y que el retorno proyectado va a ser de alrededor de US$ 200 millones y va a ser una cifra suficiente para cubrir la composición del fondo”.
“El perjuicio hoy se está construyendo sobre información que ya estaba dada, que no es definitiva y que, lo que sí tenemos claro, es que, al menos está metodológicamente errado”, sostuvo.
El penalista finalizó su introducción alertando que un informe policial presentado por la Fiscalía en la audiencia estableció “la necesidad de articular un peritaje contable que permita verificar tanto el registro como el destino de los dineros destinados por Sartor AGF”.