“Tengo la palabra del ministro del Interior de que el compromiso del gobierno es ejecutar las obras en los mismos plazos y con el mismo impacto en el empleo”. Así resumió el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, el acuerdo político que permitió reactivar los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150 y de la Autopista Concepción-Talcahuano, luego de que Hacienda frenara sus adjudicaciones por la estrechez fiscal y el gasto que implicaban.
La declaración es también la antesala de la reunión que sostendrá este jueves el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, con parlamentarios y autoridades de la región. En el encuentro deberá explicar cómo se financiarán y ejecutarán los proyectos, y de qué manera el Ejecutivo pretende conservar los plazos originales si abandona el sistema de concesiones y recurre a recursos sectoriales.
La continuidad de los corredores quedó zanjada tras la reunión que Giacaman sostuvo con el biministro del Interior y Segpres, Claudio Alvarado. A la salida de la cita, la autoridad regional aseguró que “las obras siguen comprometidas y se van a ejecutar en los plazos comprometidos”.
El gobernador confirmó que el acuerdo supone un cambio de modalidad. “Se aceptó el cambio de modalidad y las obras se harán con fondos sectoriales, pero ahora lo importante es que se cumpla el compromiso y se respeten los plazos”, afirmó.
El mecanismo específico, sin embargo, no está despejado del todo. Una alternativa es que los proyectos sean ejecutados por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad.
Giacaman reconoció que comparte las dudas sobre la posibilidad de conservar el cronograma. “Tengo la misma duda y, precisamente por eso, pedí que estuviera presente el ministro de Obras Públicas”, señaló. Añadió que el Ejecutivo debe precisar los recursos involucrados, cuándo partirán las obras y bajo qué modalidad se ejecutarán. “No sé cómo lo harán, ni en qué parte del proceso el Estado podría ser más eficiente que la concesionaria. Eso es lo que deberá explicar el ministro”, sostuvo.

El gobernador de la Región de Biobío, Sergio Giacaman y el biministro de Segpres e Interior, Claudio Alvarado.
El riesgo de partir desde cero
La presidenta de Copsa, Gloria Hutt, valoró la continuidad de los corredores, pero advirtió que el cambio de modalidad podría impedir que se cumplan los plazos comprometidos.
“Existe un impacto directo en el desarrollo de las propias obras, pues requiere partir prácticamente desde cero, debiendo desarrollar una serie de estudios, análisis y otras etapas propias de un nuevo proceso, con la consiguiente postergación de los beneficios que un proyecto de esta naturaleza entrega a las personas y a la región”, afirmó.
Fuentes conocedoras del proceso explicaron que las concesionarias prepararon sus ofertas sobre la base de un anteproyecto referencial y dedicaron cerca de un año a realizar estudios de ingeniería y costos. Si los corredores pasan a ejecutarse como obra pública, el Estado tendría que licitar primero la ingeniería de detalle y, posteriormente, la construcción.
Según actores de la industria, ambos procesos serían sucesivos y cada uno podría tardar alrededor de un año y medio, considerando la preparación de las bases, la tramitación ante la Contraloría y la adjudicación. Mientras bajo el modelo concesionado las faenas podrían comenzar en aproximadamente 12 meses, mediante obra pública podrían iniciarse en cuatro años.
Hutt agregó que, aun cuando Vialidad lograra ejecutar la construcción, ello no aseguraría la mantención de las obras en el largo plazo, componente que sí forma parte de la concesión.
También existen dudas sobre el financiamiento. En el sistema concesionado, el privado aporta capital y obtiene deuda bancaria, mientras el Estado distribuye sus pagos durante 20 o 25 años. Con obra pública, en cambio, el Fisco tendría que financiar directamente cerca de US$ 400 millones de inversión durante la construcción.
Concesionarias: “Mala señal”
Hutt calificó como “de la mayor gravedad” que se cambien las condiciones cuando las licitaciones estaban en una etapa avanzada y por una fórmula de financiamiento que no ha sido analizada previamente.
“La claridad y la certeza de las reglas del juego son elementos críticos para la confianza que Chile genera como destino de inversiones”, sostuvo. A su juicio, la modificación “constituye una muy mala señal para el sistema de concesiones y para la estabilidad de las inversiones privadas hacia el futuro”.
El presidente del CPI, Carlos Cruz, apuntó al trasfondo de la decisión. “Si se va a ejecutar la misma obra, pero con recursos públicos, quiere decir que el sistema de concesiones falló al elegir el proyecto o al seleccionar a la concesionaria. Eso es lo que se estaría diciendo”, afirmó.
Cruz cuestionó que Hacienda frenara los contratos por falta de recursos y luego aceptara desarrollar las mismas obras con financiamiento fiscal. “Entonces, ¿cuál es el compromiso del gobierno con la asociación público-privada?”, preguntó. Y agregó: “No pueden transferirle al país el costo de esa indecisión”.
Hutt, en tanto, llamó a las autoridades a revisar la decisión y “dar continuidad al proceso de concesión en curso”.