La Contraloría General de la República detectó una severa negligencia administrativa que compromete una inversión fiscal de $ 10.500 millones, tras constatar que dos departamentos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecutaron proyectos incompatibles simultáneamente en el sector Huertos Familiares de Puerto Natales. El reciente informe del ente contralor reveló que, por una nula planificación, mientras se pavimentaban los caminos de la zona, otra dirección estatal los rompía para instalar cañerías, generando la destrucción de las obras nuevas y obligando a paralizar los contratos.
El conflicto logístico y patrimonial fue expuesto tras una denuncia del senador Alejandro Kusanovic y pone en el centro del cuestionamiento a la Dirección de Vialidad y a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) de la Región de Magallanes.
Según constató la Contraloría, las faenas se cruzaron en el terreno: mientras Vialidad avanzaba en un 83% en un millonario contrato de conservación vial de 17 kilómetros (valorado en $ 9.436 millones), la DOH inició excavaciones de zanjas para un proyecto de servicio sanitario rural ($1.129 millones). El acopio de tierra arcillosa de estas excavaciones terminó contaminando el material de alta calidad dispuesto para los caminos, generando baches, barro e impidiendo el libre tránsito de vehículos de emergencia en la comuna. Frente a este escenario, la paralización del contrato vial se hizo inminente y se extenderá por al menos 215 días.
Fechas cruzadas y medidas de mitigación
Consultado por DF Regiones, el Seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, abordó el informe del ente contralor y apuntó a los orígenes de las adjudicaciones.
"El Ministerio de Obras Públicas, a través de su Seremi de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, detectó, al momento de asumir la actual administración de gobierno, graves problemas en la ejecución de estos contratos en el sector de Huertos Familiares de la ciudad de Puerto Natales. El contrato de la Dirección de Obras Hidráulicas fue adjudicado el 17 de Abril de 2025, en tanto que el de la Dirección de Vialidad lo fue el día 6 de Junio de 2025", detalló la autoridad regional.
En esa misma línea, Marusic reconoció el impacto logístico del impasse: "La falta de coordinación entre ambos Servicios, para la ejecución de estos contratos, es considerada de gravedad y ha impactado en la eficiente, correcta y oportuna ejecución de las obras de ambos contratos, afectando a los vecinos del lugar, a quienes precisamente ellas beneficiarán. Al efecto se han dispuesto acciones mitigatorias de los contratiempos y afectaciones causadas a los vecinos".
Sumarios y reparaciones
El dictamen de Contraloría fue lapidario al calificar el hecho como una "observación compleja por vulnerar el principio de coordinación administrativa". El documento detalla que, pese a que la DOH pidió en julio de 2025 detener los trabajos viales para evitar la duplicidad de inversiones, Vialidad se negó argumentando el riesgo de tener que indemnizar a las empresas contratistas.
Tras confirmar el daño en la infraestructura, el organismo fiscalizador otorgó un plazo perentorio de 15 días hábiles a la Seremi de Obras Públicas para instruir un sumario administrativo que establezca las responsabilidades de los funcionarios involucrados. Asimismo, fijó un plazo de 60 días para que ambas direcciones presenten un plan conjunto que garantice la restitución técnica y total de los caminos dañados.