El próximo 10 de septiembre vence el plazo para que los interesados al cargo de fiscal nacional económico ingresen sus antecendentes al concurso público que oficialmente fue lanzado hoy por el Ministerio de Economía.
Así es como para convertirse en el sucesor de Felipe Irarrázabal, el gobierno publicó una serie de requisitos mínimos para competir en esta importante contienda.
A continuación algunos de ellos:
Acreditar título de abogado y diez años de ejercicio profesional o tres años de antigüedad en el servicio.
Experiencia en materias de libre competencia, en un nivel apropiado para las necesidades específicas de este cargo.
Adicionalmente se valorará experiencia en derecho económico.
Deseable poseer manejo del idioma inglés en nivel intermedio.
Se valorará poseer 3 años experiencia en cargos de gerencia, jefatura y/o coordinación de equipos de trabajo en instituciones públicas o privadas.
El cargo corresponde a un grado 1° de la Escala de Remuneraciones de los Servicios Fiscalizadores, más un porcentaje de Asignación de Alta Dirección Pública de un 1%. Su renta líquida promedio mensualizada referencial asciende a $6.708.000.- para un no funcionario.
Los desafíos
Junto con publicar los requisitos del cargo, la entidad también detalló los principales desfíos al mando de la institución. Entre ellos, velar por la adecuada implementación de la ley Nº 20.945 (de libre competencia), procurando el correcto ejercicio de las nuevas facultades de investigación (facultades intrusivas) así como el programa de inmunidad y clemencia (delación compensada).
Otro punto clave es asegurar la política de jerarquización de las investigaciones, priorizando aquellas que incidan en mercados que tengan un alto impacto en el bienestar de los consumidores.
En tercer lugar, incorporar mejoras continuas a los productos estratégicos que provee la Institución a través del refuerzo permanente de la gestión de personas y de gestión interna, además de desarrollar nuevas estrategias de difusión en temas de libre competencia, fallos y sentencias del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, a fin de responder a los requerimientos y estándares de información y comunicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Y finalmente, velar por la especialización de los funcionarios para el fortalecimiento institucional en materias de seguridad física e informática.
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