Todo un récord probablemente batió ayer el ministro de Economía, Lucas Palacios. Desde las 7 am y hasta avanzada la tarde se desplegó en radios, TV y diarios para entregar mayores detalles sobre los puntos principales de la agenda antiabuso anunciada por el gobierno.
“La verdadera disuasión es que existan penas de cárcel real. Esa es la mejor clase de ética”, dijo temprano al explicar el objetivo de las mayores facultades para investigar que se le otorgarán a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el endurecimiento de las penas mínimas para los delitos tributarios, de uso de información privilegiada y aquellos que atentan contra la libre competencia.
- ¿En qué consistirá el endurecimiento de las penas en el caso de colusión en bienes y servicios de primera necesidad?
- Teníamos dos estratos: de tres años y un día a cinco años y de cinco años y un día a 10 años. Ahora, será de cinco años y un día a 10 años, es decir, se deja un solo estrato para estos delitos de colusión y no es conmutable.
- ¿Cuál será la estrategia legislativa para materializar todo lo relacionado con la FNE y las mayores sanciones?
- Se está estudiando, pero la presentación al Congreso va a ser muy pronto. Solamente nos falta estudiar algunos elementos asociados a la retribución o no al informante anónimo.
- ¿No ve esto como una amenaza que debilite la figura de delación compensada?
- No, porque es una figura complementaria.
- ¿Se compensará la figura del informante anónimo?
- Se está estudiando, no está definido. Lo importante es que es una figura que existe en una serie de países, Gran Bretaña, Bélgica, Canadá, EEUU.
La gracia de esto es que, por el contrario de la figura de la delación compensada, no necesariamente es para una persona que esté involucrada en el delito, sino que puede ser cualquiera que tenga la información suficiente para poder colaborar con una investigación determinada. Se le protege su identidad, se le entregan medidas de protección y también sanciones en el caso de que entregue información falsa.
- ¿Y aún no tiene claro si va a replicar el ejemplo de EEUU con la entrega de un beneficio económico proveniente de la multa?
- No lo sabemos aún porque estamos analizando la política comprada. En EEUU hay compensación económica que va desde un 10% a un 30% de la multa cuando llega a término. Estamos estudiando las distintas fórmulas. Lo que se busca es alinear incentivos.
Entonces, si hay alguien que tiene información fidedigna, comprobable respecto de conductas ilícitas que atente en contra de los mercados, si la investigación llega a buen puerto, esa persona puede obtener una parte de la multa.
- ¿Y se incorporará la prorrogativa de acción penal para el Ministerio Público en casos de delito tributario o electorales?
- Estamos abiertos a recibir propuestas. Sin embargo, estamos viendo la forma en que países desarrollados han resuelto estas materias. El Ministerio Público hace muchos años que tiene una especie de competencia con la FNE respecto de quién se hace cargo de los delitos económicos, independiente del origen.
Por lo tanto, lo que hemos tomado en consideración -dada la evidencia comparada- es fortalecer la FNE, porque son delitos muy específicos.
- Pero distintas ONG han propuesto ese cambio. Entonces, ¿no se va a incluir en este gobierno?
- No. Tenemos la voluntad de que esta sea una agenda de Estado, por lo tanto la hemos construido en base a propuestas de distintos sectores, ONG, representantes del mundo civil, también siguiendo la política comparada de países que han logrado avanzar sustantivamente en esta materia. Pero no es una agenda que esté cerrada completamente, vamos estar abierto a incluir nuevas ideas.
- En los casos que investigue la FNE se propone levantar el secretario bancario. ¿Esto implica colusión, uso de información privilegiada, divulgación de información falsa…?
- Todos los delitos que investigue la Fiscalía Nacional Económica requieren de que tenga más herramientas y dentro de esas está la posibilidad de tener mayor medidas intrusivas en investigaciones, eso incluye el alzamiento del secreto bancario y protección de pruebas físicas y digitales en prácticas anticompetitivas.
“Me Quiero Salir”
Otro de los acápites de la agenda es la disposición del gobierno a facilitar que los ciudadanos puedan poner término a distintos contratos con facilidad, lo que implicará el funcionamiento de la plataforma Me Quiero Salir.
Palacios explica que todo lo relacionado con los derechos al consumidor son materias reglamentarias, por lo tanto esperan ponerlas en marcha “cuanto antes” por parte del Sernac.
-Y el registro en línea de los seguros, ¿qué entidad lo va a administrar?
- La Comisión para el Mercado Financiero (CMF). De hecho, ya lo tiene, pero lo que estamos haciendo es modernizarlo para hacerlo más eficiente y que efectivamente se transforme en una plataforma en que las personas puedan contar con la información de cada uno de los seguros y pueda hacerlo efectivo.
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