Tres semanas han transcurrido desde la firma del histórico acuerdo entre la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), para la explotación del Salar de Atacama en dos fases: entre 2025 y 2030, y desde 2031 hasta el 2060.
Hasta el minuto, se han revelado varios detalles de la negociación, así como lo que implica en términos de operación y gobierno corporativo para ambos socios en la explotación del denominado “oro blanco”.
Sin embargo, lo que hasta el minuto no se conoce es el impacto que el convenio tendrá en las arcas públicas, ya que implica un incremento relevante en la producción de litio para las próximas décadas.
Por el momento, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha señalado que los nuevos ingresos serán incorporados en el escenario de mediano plazo en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) que se conocerá a inicios de febrero.
Sin embargo, el tema preocupa a varios actores. Uno de ellos es el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
En su sesión celebrada el pasado 5 de enero, el organismo acordó enviar un oficio a la Dirección de Presupuestos (Dipres), requiriendo una serie de antecedentes sobre diversos temas, siendo el primero los “efectos fiscales del acuerdo alcanzado entre Codelco y la Sociedad Química y Minera de Chile”.
En la sesión, participaron todos los integrantes del Consejo: su presidente, Jorge Rodríguez Cabello; su vicepresidente, Hermann González, y los consejeros Aldo Lema, Marcela Guzmán y Jeannette Von Wolfersdorff.
Recursos millonarios
El mineral es gravado a través de distintos mecanismos, como el royalty -o impuesto específico a la actividad minera-, y el Impuesto de Primera Categoría a las utilidades corporativas.
Los recursos involucrados no son menores, considerando especialmente el escenario de estrechez por el que atraviesan las finanzas públicas, que han llevado a un aumento relevante de la deuda fiscal en los últimos años.
De hecho, cálculos del exdirector de Dipres, Matías Acevedo, apuntan a que en el primer lapso del acuerdo el Fisco recibiría del orden de US$ 3.400 millones adicionales, mientras que en la segunda fase dicho monto ingresaría a arcas públicas cada año.
Tomando como base un precio promedio de US$ 20.000 por tonelada para el litio, el economista calcula que en los cinco primeros años del acuerdo, el Estado recibirá rentas por US$ 3.400 millones, equivalentes a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), a razón de 0,2 punto por año.
En dicho lapso, la producción total de SQM aumentará en un tercio, lo que significa alcanzar las 300.000 toneladas de extracción del mineral.
En la primera fase, Codelco tendrá derecho durante el período 2025-2030 a recibir una utilidad correspondiente al beneficio por la comercialización de un volumen de 201.000 toneladas métricas en su equivalente a carbonato de litio (LCE), lo que se traduce en 33.500 toneladas de venta de LCE anuales de la sociedad común en caso de que se distribuyan en seis años.
¿Y para el resto del período? Acevedo calcula que si se mantiene el supuesto de precios, las arcas fiscales se engrosarán en US$ 3.400 millones por año, solo considerando el aporte de la sociedad que operará la estatal con SQM.
Los otros requerimientos de información
Según el acta de la reunión de Consejo del 5 de enero, también se acordó solicitar a la Dirección de Presupuestos antecedentes sobre la situación de las deudas existentes con proveedores en materias de salud y los eventuales impactos fiscales que podría traer aparejada la situación actual de las isapres; pedir a Teatinos 120 una presentación del Informe de Pasivos Contingentes 2023; y formular consultas sobre algunos indicadores de sobreejecución fiscal en el marco del informe con cifras al cierre de noviembre.
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