La caída del Fondo E de los multifondos previsionales -que se supone mucho menos riesgosos- está generando un gran revuelo no sólo por los efectos para los trabajadores que les resta poco tiempo para acogerse a la jubilación, sino también por el alto desempleo y la falta de oportunidades de encontrar trabajo, especialmente para este mismo grupo afectado.
El debate ha contribuido a que la oposición se ponga creativa y el PDG haya sacado del sombrero, nuevamente, la idea de un retiro desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que si no ha tenido mayor alcance es porque el Congreso está en su semana de trabajo en terreno, pero a partir del 19 de octubre el escenario puede cambiar y aumentar la presión sobre el gobierno.
Por ahora, la oposición en masa se volcó hacia medidas fiscalizadoras que aclaren lo corrido con el Fondo E, como la presentación de una serie de oficios a la Superintendencia de Pensiones. Incluso recientemente se conoció que el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado y timonel de Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke hizo lo propio, único representante de su sector al que parece preocuparle la situación.
Pero estas medidas fiscalizadoras no son lo único que podría abrirse paso en el Congreso, a partir de esta situación, ya que en el PDG evalúan la viabilidad política de presentar un nuevo proyecto que permita el retiro de fondos desde las AFP. Y pese a que no ha recibido un respaldo multitudinario de sus pares hay quienes, en la oposición, se atreven a admitir públicamente que estarían disponibles a estudiar el tema y puestos en la disyuntiva de tener que votar, lo aprobarían.
El diagnóstico que está llevando a que esta idea se materialice es ampliamente compartido en la oposición, donde responsabilizan al gobierno del alto desempleo y de no adoptar “medidas a corto plazo”, justamente para combatir la desmedrada situación económica que afecta al país. Es decir, lo mismo que plantean en el PDG, partido que fue clave en la aprobación de la megarreforma en la Cámara de Diputados; pero que, como sus propios representantes sostienen, los efectos de una mayor inversión que generaría la norma, tanto en el empleo como en el crecimiento, se verá a largo plazo.
“Caldo de cultivo”
No obstante, la idea de un nuevo retiro no es algo que la oposición de centroizquierda ande buscando.
En este sentido, el diputado Jaime Araya (indep. PPD), el primero en oficiar a la Superintendencia de Pensiones a raíz de lo ocurrido en el Fondo E, advirtió que “acá se perdió más plata que la que costó el tercer retiro”; por lo que está convencido de que “lo que hicieron las AFP es caldo de cultivo para los retiros”.
El legislador opositor, que reconoce que ha ido radicalizando sus posturas en esta materia, opina también que en las actuales circunstancias el debate acerca de los retiros “es válido”, aun cuando no es uno de sus promotores. Y plantea que a quienes tienen pocos recursos ahorrados en fondos de pensiones se les debería devolver su dinero intacto. E insiste en que mientras no vea que el Ejecutivo tome medidas que busquen combatir el desempleo y la compleja situación económica a corto plazo, implementando nuevamente, por ejemplo, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y se presentara un proyecto de retiro, “si hay que votarlo, lo voto a favor”.
“Un mal menor”
Otro parlamentario opositor que está en esta postura es el diputado Héctor Barría (DC). Al igual que Araya, estima que el gobierno “no ha entregado ninguna propuesta de solución a corto plazo”. Aunque acto seguido también deslindó responsabilidades de lo que está ocurriendo, en materia económica, sobre el Partido de la Gente.
“Hay quienes se quieren vestir de salvadores, pero también han provocado esta situación; y el PDG es responsable de la megarreforma”, sostiene el legislador falangista, que argumenta que la colectividad negoció con el Ejecutivo por su proyecto de rebaja del IVA a los pañales y medicamentos, pero “que terminó siendo una compensación menor, que con suerte significará un ahorro de $ 3.500 para el limitado grupo que podría postular”.
Y, en la misma línea, de su predecesor, Barría asegura que “si el gobierno no entrega respuesta a la crisis económica y de desempleo, con medidas de corto plazo, como los IFE; o, al menos, congela la entrada en vigencia de la megarreforma, porque los impuestos de las grandes empresas ayudarían bastante al Estado, estaría disponible a respaldar un eventual retiro”.
Ello, porque, continúa el parlamentario falangista, “sería un mal menor, frente a lo que está corriendo, pero que está disponible”.
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