El ministro del Interior, Jorge Burgos, fue categórico en negar la existencia de un supuesto proyecto de ley que buscaba evitar que los hechos de financiamiento ilícito de la política desemboquen en los tribunales, texto que habría surgido de un grupo liderado por el entonces jefe de gabinete, Rodrigo Peñailillo, concitando un directo respaldo de la UDI.
"Puede haber muchos debates de proyectos de ley, pre proyectos de ley, minutas. Me parece legítimo que haya un debate. Yo no he escuchado, como ministro del Interior que ya voy a cumplir un mes, a ningún parlamentario, a ningún político ni de izquierdas, ni de centros, ni de derechas, ni representados en el Parlamento o no representados, una petición de impunidad, no se las he escuchado nunca. Que quede claro", aseguró el vicepresidente de la República.
El ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, se alineó con la postura del titular del Interior enfatizando en que "jamás he visto un proyecto de ley en la dirección de lo que hoy día se lee en la prensa, jamás he tenido ante mi vista ningún instrumento que hable de un proyecto de ley como el que se ha mencionado en un par de medios de comunicación. Lo digo responsablemente como miembro del Comité Político de este Gobierno", aseguró.
Según publicó Ciper Chile, la iniciativa que La Moneda desconoce, pretendía tipificar las boletas o facturas falsas como un delito inserto en el Código Penal –modificando su estatus de ilícito tributario. Pero en la práctica, ese texto hacía implícito que quienes hubieran incurrido en esa conducta antes de la vigencia de la nueva ley, quedaban exentos de delito, lo que se traduciría en una especie de amnistía.
De todos modos, esa iniciativa no habría alcanzado a ser firmada por la presidenta Michelle Bachelet, pues la mandataria habría sido advertida previamente de la "trampa" que la redacción del texto contenía.
Las interrogantes sembradas por Insunza
Este intento por lograr un "perdonazo" político fue insinuado el domingo pasado por el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Jorge Insunza, al momento de anunciar públicamente su renuncia. Dicho discurso sembró un manto de interrogantes y aprensiones respecto de que efectivamente un grupo de dirigentes políticos ideaba una especie de acuerdo puertas adentro para garantizar la impunidad de los involucrados en malas prácticas que hoy investiga la Fiscalía-, como una salida a la actual crisis.
"Sé perfectamente que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad impropia, de una amnistía impropia. Jamás contarían conmigo para tamaña desfachatez", dijo Insunza. Enseguida desde el mundo político, parlamentarios de todos los sectores se apresuraron en afirmar que ninguno de ellos conocía, en absoluto, aquello a lo que aludía el otrora secretario de Estado.
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