Como “clave” calificó la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) el “involucramiento del gobierno” en la aplicación de la ley Fatca en Chile, cuya entrada en vigencia está programada para enero de 2014.
En un análisis sobre sus implicancias, el gremio planteó la necesidad de que el gobierno se involucre “participando en el diseño de un “paraguas legal” que le permita a las instituciones afectadas concentrarse en las complejidades operacionales, además de una razonable transición para su puesta en práctica”.
No obstante, afirman su disposición a cumplir con la ley, en el entendido de que coinciden con la lucha contra la evasión fiscal, “siempre que se respeten las leyes y regulaciones nacionales, que se resguarden los derechos de los clientes del sistema y que no se produzcan alteraciones del mercado”.
Eso sí, advierten que en el supuesto de que las entidades locales no se quieran exponer a sufrir la retención del 30% de sus flujos provenientes de EEUU, tendrían que abstenerse de realizar operaciones en el país, “lo que en el escenario financiero global actual, es a todas luces, impracticable”, y agrega que para el país es “dificil sustraerse de la legislación estadounidense, dados los impactos que conllevaría su imcumplimiento”.
El documento, firmado por el gerente general del gremio, Ricardo Matte, agrega que una supuesta marginación de esta normativa, implicaría importantes costos económicos indirectos, asociados al potencial efecto reputacional negativo.
Sin embargo, enfatiza en que a nivel de cada país e institución conlleva costos operacionales iniciales importantes, pues se deben desarrollar y poner en funcionamiento sistemas informáticos, procedimiento de registro y de reporte que no existen, además de conseguir el consentimiento de los clientes bancarios que sea posible identificar como ciudadanos norteamericanos para la entrega de información sobre sus cuentas.
Por su parte, el superintendente de Bancos, Raphael Bergoeing, sostuvo que los eventuales cambios legales que implicaría la reforma se están analizando a nivel de gobierno “porque tienen implicancias que van más allá de los bancos”.
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