Juan Hurtado Vicuña cumplió 79 años el 6 de marzo, cuatro días después de que la Corte Suprema le diera la razón en el caso de interlocking. Dos semanas más tarde dejó la presidencia de la junta directiva de la Universidad Santo Tomás. Estuvo, en total, más de 16 años en el cargo.
Su reemplazante fue un sobrino, Tomás Rivadeneira Hurtado, hijo de su hermana María Mercedes. Cercanos a la familia coinciden en que el plan es que se quede “varios años” en el puesto, y en que él es la pieza clave para darle continuidad a un proyecto muy relevante para el grupo.
A principios de abril, a pocas semanas de su llegada a la presidencia, la junta aprobó los estados financieros de 2025. Y, para sorpresa de algunos, mostraban una pérdida de $ 7.905 millones, el peor rendimiento en su historia reciente. En el balance de la Superintendencia de Educación Superior -que fue dado a conocer por El Mercurio la semana pasada-, la única universidad que perdió más fue la Tecnológica de Chile Inacap ($ 9.936 millones), que debe cerrar a más tardar en 2030. Es decir, entre las universidades que siguen funcionando con normalidad, ninguna perdió tanto como la que controlan los Hurtado.
La Santo Tomás es, según su rectora, Claudia Peirano, “la universidad con mayor presencia a nivel nacional”. Tiene unos 30 mil alumnos de Arica a Puerto Montt. Llegan de prácticamente todo el país, y tres de cada cuatro estudian con gratuidad. “Formamos al 11% de las enfermeras de nuestro país”, ejemplifica Peirano. Con el IP y el CFT del mismo nombre, el grupo bordea los 100 mil alumnos.
En la universidad sabían que venían años de mucho gasto, porque -dice la rectora- están en un periodo de consolidación que los obliga a invertir en académicos, infraestructura, sistemas y equipamiento. Pero 2025, asegura la autoridad, trajo “algunos elementos coyunturales que afectaron de una manera no esperada nuestros resultados”. Los ingresos se estancaron, subieron los pagos de garantías del CAE por alumnos que desertaron y bajó la matrícula en posgrado y educación continua.
Este año, además, se terminó el aporte de transición con que el Estado compensaba parte de la diferencia entre los aranceles de la universidad y el arancel regulado, que es lo que paga por cada alumno con gratuidad. Es decir, dejarán de percibir cerca de $ 10.000 millones por este ítem. Para este año, según pudo saber DF MAS, proyectan otro déficit, de unos $ 5 mil millones, y recién en 2027 un excedente cercano a $ 1.000 millones.
Por eso, confirman varios consultados, en el plantel aplicaron un estricto plan de austeridad. “Se cuida cada peso extra”, dice uno de ellos. Según la rectora, recortaron gastos como los de cafetería para las reuniones y los viajes, centralizaron las compras y les pidieron a los académicos de planta hacer más horas de clase.
A eso se sumó un plan de eficiencia que involucró acortar la dotación en algunas áreas específicas. En abril la universidad desvinculó a 220 personas del área administrativa, muchas de ellas con varios años en la institución. Aunque no se despidió a ningún académico, se trató de un proceso dificil, comenta un testigo.
Y así, entre recortes y despidos -pero también con la acreditación más alta que ha tenido la universidad, un edificio nuevo en Iquique y una sede en construcción en Copiapó-, debutó en la presidencia Rivadeneira.
Compra de los Hurtado
La muerte de Gerardo Rocha, fundador de Santo Tomás, en mayo de 2008, aceleró una venta que ya se venía preparando. Los Rocha, que controlaban cerca del 70%, pedían al menos US$ 120 millones, según informó DF en 2008. Un accionista minoritario, el fondo Halcón, tuvo la primera opción para comprar la participación de la familia. Lo administraba Econsult, donde era socio José Ramón Valente, y entre sus aportantes estaban Álvaro Saieh y José Yuraszeck. Según publicó el mismo medio, habría ofrecido cerca de US$ 100 millones, y los Rocha rechazaron la oferta.
Como no logró comprar, Halcón empezó a buscar salida. En 2009 aparecieron los Hurtado y Linzor Capital, que firmaron un acuerdo de exclusividad con un grupo de accionistas y ofrecieron $ 34 mil millones por el 57,4% del plantel. Y tras un tira y afloja, a fines de mayo de 2009 acordaron la compra en $ 38 mil millones.
Desde entonces, los Hurtado y Linzor -que ya no está en la propiedad- mantuvieron el ethos de la universidad, que según su última Memoria se inspira “en los valores del humanismo cristiano y el pensamiento de Santo Tomás de Aquino”. En los años en que Juan Hurtado presidió la junta buscaron, dicen conocedores, subir la calidad del plantel sin renunciar a uno de sus rasgos, el acceso amplio. En la universidad plantean ese acceso como parte de su identidad, y destacan que cerca del 80% de sus alumnos es primera generación en la educación superior. “Nos preocupamos de la empleabilidad. El milagro de la UST está en lo humano. Hoy eso es lo distintivo”, dice uno de sus directivos.
En varios momentos de la década pasada la CNA la acreditó por tres años, y en 2021 volvió a cuatro, el mínimo que exige la ley para la gratuidad. Ahora, dicen en la universidad, el plan de ir subiendo en calidad se consolidó: en diciembre de 2025 la CNA repitió los cuatro años y en julio los subió a cinco, el máximo del nivel Avanzado.
Viaje a la India
Si es que entre los varios descendientes de los hermanos Hurtado Vicuña había uno para presidir la junta directiva de la Universidad Santo Tomás, dicen distintos consultados, ese era Tomás Rivadeneira. Hijo de Ricardo Rivadeneira -fundador de RN-, casado, 41 años, es ingeniero civil de la Universidad Católica. Partió haciendo clases de Matemática en Enseña Chile, el programa que lleva a profesionales jóvenes a enseñar en colegios vulnerables. A él le tocó el Liceo Juan Mackenna O’Reilly de Puente Alto.
En 2011 viajó a la India con algunos compañeros de Enseña Chile. Visitaron un colegio en que dos alumnas de básica, elegidas al azar, les hicieron el tour por las instalaciones. Quedaron tan impresionados por su soltura, con un inglés perfecto y pidiéndoles al final retroalimentación por el recorrido, que al salir de ahí decidieron fundar una escuela parecida en Chile. Así, en 2016, y con US$ 5 millones reunidos, nació CREE en Cerro Navia. La idea era que fuera un colegio de excelencia, sin selección ni lucro y económicamente sustentable. Hoy Rivadeneira preside su consejo directivo, donde comparte con personajes como Raimundo Valenzuela, Tim Purcell (el socio de su tío en la compra de Santo Tomás), Francisco Silva, exSecurity, y Tomás Recart, el fundador de Enseña Chile.
Tras dirigir el colegio, en 2022 se fue a Estados Unidos a estudiar un máster en Educación en Harvard. Seguía viviendo allá cuando recibió la propuesta de unirse a la junta directiva de la universidad. “Lo pensó mucho”, dice un cercano. Tenía dudas porque su background estaba en el aula, en la educación escolar, así que se juntó con mucha gente, tanto expertos en educación como personas ligadas al grupo Hurtado. Lo habló con su tío; con Marcos Büchi, un histórico en Consorcio, y con Juan Pablo Guzmán, rector del IP y del CFT Santo Tomás. Aceptó.
Y una vez adentro (ingresó en 2024 a la junta directiva), se metió de lleno en el proyecto. Incluso, llegó a hacer clases en el instituto profesional de Santo Tomás.
Por eso, cuando su tío le pidió asumir la presidencia, la decisión ya estaba tomada. “Era el movimiento más natural para la UST”, dice un consultado.
La oficina
Para Rivadeneira, la presidencia de la junta es un trabajo casi full time. Va prácticamente todos los días a las oficinas de la universidad, ubicada en los últimos pisos de la Torre de la Industria, en Las Condes, y, cuando puede, sale a visitar las distintas sedes que tienen repartidas por todo Chile. Este mes, de hecho, tiene que viajar en auto a Chillán y Los Ángeles con otras autoridades de Santo Tomás.
Por lo mismo, pidió un despacho personal. Quedó cerca de Marcos Büchi y Juan Pablo Guzmán, con quien también trabaja de cerca porque desde marzo preside además los consejos del IP y del CFT. Eso sí, explica un cercano, aunque es alguien muy “metido” en el día a día, le da mucha autonomía a la rectora y a los equipos. Peirano, que tiene voz pero no voto en la junta, lo describe como “una persona joven, con una trayectoria brillante y con un interés genuino en el desarrollo de la educación de nuestro país”. Y dice que les ha transmitido “una vocación sincera de la preocupación por generar oportunidades de alta calidad para todos los estudiantes en todo el país”.
Hoy por hoy está abocado al plan para pasar de la consolidación de la Universidad Santo Tomás a la siguiente etapa. La idea, asegura la rectora, es invertir en calidad e infraestructura más que en crecer en matrícula, porque la regulación de aranceles sólo les permite subirla entre un 2% y un 3% al año.
Para eso tienen un plan a 10 años. “Nos permite planificar todos nuestros procesos de inversión y de mejoramiento”, dice Peirano. El proyecto partió en la pandemia, cuando la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del Banco Mundial que financia al sector privado, empezó a asesorarlos. En junio de 2023 se concretó con un préstamo de UF 1.265.000 (unos US$ 57 millones) a la universidad, el IP y el CFT. Desde entonces, la IFC los ha acompañado en proyectos de mejoramiento, de empleabilidad y de equidad de género, y hoy en su transformación digital. “Su apoyo ha ido mucho más allá del financiamiento”, agrega la rectora.
Lo más visible de esa inversión está en Iquique, donde este año estrenaron un edificio “de muy alto estándar”, según Peirano. Ya tienen el colchón de la acreditación hasta 2030, así que ahora buscarán sumar investigación. Es un área voluntaria, pero según muchos en la industria es lo que separa a las universidades de primera línea de las que se dedican sobre todo a la docencia. El IP, cuyo consejo también preside Rivadeneira, ya lo logró. En septiembre consiguió siete años de acreditación en el nivel de Excelencia, el máximo, con investigación incluida.
Los aranceles
En paralelo, la UST también está peleando por los recursos de la gratuidad. En octubre de 2025 acudió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) junto a otras seis universidades privadas, entre ellas la Finis Terrae, la UDLA y la Autónoma, para cuestionar la metodología con que la Subsecretaría de Educación Superior fijó los aranceles regulados que rigen hasta 2030. Lo hicieron con un informe económico de la exministra de ese tribunal Andrea Butelmann, que concluye que esos aranceles cubren el 107% de los costos de las universidades estatales y de las privadas del Cruch, frente al 92,9% en el resto de las privadas.
Según la rectora de la UST, aquella metodología “tiene algunas distorsiones que afectan negativamente a algunas instituciones y positivamente a otras”. En marzo, la Fiscalía Nacional Económica le dijo al tribunal que no encontró una discriminación arbitraria contra las privadas, aunque advirtió “decisiones metodológicas con limitado sustento técnico-económico”.
Más allá de lo que resuelva el tribunal, en el entorno de Rivadeneira y de la familia Hurtado dicen que la gratuidad es inherente a lo que hace Santo Tomás, y la rectora cree que la proporción de alumnos con ese beneficio se va a mantener en el tiempo. Eso, según los cálculos que presentaron ante el TDLC, significa recibir por cada alumno menos de lo que cuesta educarlo. Para enfrentarlo, justamente, está el plan de eficiencia.
Rivadeneira, cuentan quienes lo conocen, tiene claro que lo primero es asegurar que la institución sea sustentable en lo financiero. Pero también, según la rectora, ya está pensando en la calidad de la formación, la investigación y la participación de la universidad en temas de política pública. Y sabe que hacer universidad toma años. “Porque este es un proyecto de la familia, y como cualquier institución educacional, debe ser mirado a larguísimo plazo”, dice uno de sus cercanos.
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Mateo Navas
