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REGÍSTRATE AQUÍEn el documento de tres carillas, la legisladora plantea que el organismo debe usar las facultades que la ley le otorga en este caso.
Por: Claudia Rivas A.
Publicado: Martes 2 de abril de 2019 a las 16:35 hrs.
Con motivo de la mayor alza en ocho años de los planes de las Isapres, la vicepresidenta de Renovación Nacional, diputada Paulina Núñez Urrutia, envió hoy un oficio al superintendente de Salud, Ignacio García-Huidobro Honorato, para que fiscalice la determinación de las aseguradoras de salud.
En lo concreto, el oficio de Núñez solicita a la Superintendencia "supervigilar y fiscalizar a las instituciones de salud previsional – Isapre, en el contexto de una nuevas alza en los precios base de los planes o contratos privados de salud que estas instituciones ofrecen".
Ello, porque según consigna el documento "ha trascendido en medios públicos de comunicación que, en virtud de lo que se señala en los artículos 189 y 197 del ya aludido DFL N°1 del 2005 cinco instituciones de salud previsional ejercerán la denominada facultad de adecuación, que permite a estos organismos aumentar el precio base de los planes de salud que ofrecen y sostiene con sus afiliados, en el sentido de aumentar el valor de dicha prima, redundando así aquello en un alza en el valor mensual que todo cotizante debe enterar en la Isapre a la cual se encuentra suscrito".
En este sentido, la parlamentaria le recuerda al superintendente –a través del oficio- que la institución, en calidad de organismo regulador, tiene dos facultades para evitar abusos o vulneraciones de los derechos de los usuarios, como son: normar el procedimiento y conocer de las reclamaciones que plantean los afiliados. Y la diputada solicita que la entidad haga uso de estas facultades.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
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