Las plataformas de transporte y delivery intentaron varias veces juntarse con el Gobierno, pero el Ejecutivo retrasó la reunión por su apretada agenda. ¿El motivo? Un día antes de que asumiera Gabriel Boric, el Congreso aprobó la Ley que modifica el Código del Trabajo para regular los contratos de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios, pero a casi un mes de su puesta en marcha falta claridad sobre su implementación.
Este jueves se llevó a cabo la primera sesión de la mesa entre aplicaciones y el Ministerio del Trabajo, y fuentes internas aseguran que aunque tuvo un difícil inicio, tras romper el hielo el acercamiento se dio natural: tanto el Gobierno como las plataformas buscan zanjar la discusión para despejar las preocupaciones.
“Hay ciertos puntos que aún se deben revisar para la correcta aplicación de la ley”, apuntó el gerente general de Cabify, Álvaro Pásquez.
Los representantes de las compañías se refirieron a “las zonas grises” del proyecto, que son: el mecanismo de entrega de los elementos de protección personal; la falta de ofertas de seguros en el mercado; cómo implementar los tiempos de conexión; los requisitos de los contratos de trabajo; el límite de extranjeros que pueden prestar servicios, entre otros.
Sobre estos puntos, el subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo, puso paños fríos: el Gobierno iniciará una “marcha blanca” de seis meses para afinar todos los detalles de la ley, dijo una fuente que estuvo presente en la reunión. Para poder adelantarse, solicitó a todas las plataformas que proactivamente envíen sus propuestas, dado que las características de las operaciones de compañías como Beat son muy diferentes a Rappi. Mientras las primeras se dedican únicamente al transporte de pasajeros, las segundas son delivery.
La visión de la industria
A la interna, las plataformas reconocen que sus operaciones serán más caras por cumplir con la normativa, pero el costo dependerá de cómo la ley se implemente. Las “zonas grises”, a las que se refieren las empresas son todos los gastos asociados a cómo el Gobierno interpreta su modalidad de contrato, dado que debe emitir un dictamen con instrucciones sobre cómo incorporarlos a la plana laboral: si son independientes o dependientes.
Sobre este punto, Giorgio Boccardo aclaró el miércoles en el Congreso que el reglamento se dará a conocer el 1º de septiembre.
El gerente de asuntos gubernamentales de Uber Chile, Enzo Napoli, expresó que “la clave será la claridad para entender las interpretaciones de la normativa y adaptarnos a estos cambios. Para ello, el período de marcha blanca es fundamental”. Esta importancia radica en que durante la sesión las plataformas buscan aclarar dudas y resolver “interpretaciones” en su aplicación y fiscalización por parte de las autoridades, antes de que se entregue el texto definitivo que los regirá.
Una opinión similar entregó el gerente general de Cabify, Álvaro Pasquez, que apuntó que “hay ciertos puntos que aún se deben revisar para la correcta aplicación de la ley. Estamos a disposición para seguir avanzando y encontrar las soluciones necesarias para una buena implementación del proyecto”.
El alto ejecutivo, recalcó que “forzar” a los colaboradores a tener una vinculación laboral pone en riesgo el ingreso de las 200.000 personas que se vinculan a esta industria. Esto, porque sólo el 30% de los conductores de Cabify se dedican a tiempo completo, mientras que la gran mayoría utiliza la aplicación para ingresos complementarios.
En tanto, el director de asuntos corporativos de DiDi para el Cono Sur, Felipe Simonsohn expresó que la figura de trabajadores independientes aún no refleja en su totalidad la realidad de quienes se conectan a las plataformas digitales y la flexibilidad.
“Algunos requisitos que establece la ley para todo tipo de trabajadores parecieran estar más enfocados a empleados dependientes que a trabajadores independientes como, por ejemplo, las capacitaciones con cada una de las aplicaciones o la obligación de cumplir un período de desconexión diario de 12 horas continuas de descanso”, apuntó.
El gerente de asuntos públicos de Beat, David Martínez, dijo que por su parte los desafíos operacionales son cómo abordar el uso de algoritmos de propiedad extranjera para no afectar la libre competencia. “Todavía existen preguntas abiertas y esperamos que la mesa técnica las pueda aclarar próximamente, considerando los factores que incumben a empresas y autoridades sectoriales”, agregó.
De hecho, puso énfasis en que la regulación de las aplicaciones requiere la participación de expertos en libre competencia y seguros, para poder llegar a una regulación acorde a la que se requiere. Esto último, porque en el mercado no existen pólizas para asegurar a los colaboradores porque son multiplataformas, modalidad de trabajo que no existe en otra industria.
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