Tras el acople de los sistemas interconectados Central (SIC) y del Norte Grande (SING), la extensión de la red eléctrica nacional se empina por sobre los 3.100 kilómetros, todo un desafío a la hora de operar las instalaciones, velando por la seguridad y continuidad del suministro para los consumidores, que incluyen a más del 98% de la población del país.
Esta mayor extensión que la red tiene desde octubre está provocando una serie de efectos, algunos de los cuales no habrían sido previstos y que están amenazando la operación de unidades de generación que juegan roles claves para el normal abastecimiento eléctrico.
Se trata de las cinco unidades del complejo Guacolda, propiedad de AES Gener, y dos del Complejo Termoeléctrico Mejillones de Engie, que representan unos 1.000 MW de capacidad instalada, equivalente a 5% del sistema. A esto se suman los 375 MW de Infraestructura Energética Mejillones (IEM) que acaba de entrar en operación. Otras como Angamos y Kelar también podrían tener efecto, aunque en menor medida.
Una perturbación en la frecuencia con que la energía circula por las redes podría alterar el normal funcionamiento de estas unidades, según se concluye en dos estudios encargados por el Coordinador Eléctrico Nacional, que tiene a su cargo la operación del sistema.
En la industria explican que esta alteración podría provocar fallas en dispositivos sensibles de las centrales y, para reducir este riesgo, el Coordinador planteó soluciones de corto plazo, que consisten en la instalación de protecciones que desconectan las centrales de la red cuando se produce este efecto denominado resonancia subsincrónica. Estas alertas ya fueron programadas por las empresas afectadas.
Sin embargo, para eliminar esta amenaza se requiere instalar equipos específicos en las centrales lo que, según estimaciones de mercado, demandaría en total una inversión que superaría los US$ 50 millones.
Este alto costo abrió un debate, ya que el Coordinador le pidió a las generadoras que ellas asumieran estos desembolsos, lo que fue rechazado por las compañías.
Conocedores del tema explican que las empresas estiman que al tratarse de un efecto de la nueva condición de la red, esto debe ser asumido en forma sistémica, lo que implicaría incluir estos equipos en el proceso de expansión que lleva adelante la autoridad, lo que implicaría que todos los usuarios, de los cuales más del 60% corresponde a clientes regulados, se hagan cargo de este monto.
La normativa vigente establece que el transporte de energía y el crecimiento de la transmisión deben ser solventados por la demanda.
Consultada, la Comisión Nacional de Energía explicó que está en pleno proceso de análisis de las propuestas recibidas en el marco del proceso de planificación anual de la transmisión 2018. “Sin perjuicio de lo anterior, la CNE se encuentra analizando el informe del Coordinador Eléctrico Nacional que da cuenta del estudio de la resonancia subsíncrona y las vías de solución que ya se han propuesto”, explicaron.
En el sector comentan que este efecto podría incrementarse una vez que entre en operación completa la línea Cardones-Polpaico, lo que podría obligar a reducir el volumen de energía que puede transitar por la red para evitar un riesgo mayor.
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