Más de 60 acreedores de OHLI, filial chilena del grupo español OHLA, abrieron una ofensiva contra la compañía por las obligaciones impagas que dejó su liquidación y cuestionaron que la matriz continúe participando en proyectos estratégicos y obras de infraestructura pública en el país.
A través de una carta abierta dirigida a las autoridades, los medios de comunicación y la opinión pública, empresas de servicios, contratistas, subcontratistas y arrendadores de maquinaria denunciaron que las deudas ascienden, en conjunto, a decenas de miles de millones de pesos.
Los firmantes advirtieron que los incumplimientos afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas, para las cuales esos recursos resultan indispensables para mantener sus operaciones, cumplir con sus propios proveedores y sostener el empleo de cientos de trabajadores.
“Resulta difícil de comprender que mientras su filial OHLI se encuentra en liquidación y mantiene importantes obligaciones pendientes con acreedores en Chile, el grupo OHLA continúe participando y desarrollando proyectos estratégicos en el país, incluyendo importantes obras de infraestructura pública”, señalaron.
Pero la ofensiva no se limitó al cobro de las acreencias. Los proveedores también abrieron un cuestionamiento a los requisitos exigidos a las compañías internacionales que buscan adjudicarse contratos con el Estado.
En la carta pidieron que las autoridades competentes revisen “los criterios de idoneidad aplicables a los contratistas que participan en licitaciones públicas”. También llamaron a velar porque las empresas que desarrollan proyectos relevantes para Chile cumplan las obligaciones asumidas con quienes forman parte de su cadena de valor.
“Chile necesita inversión extranjera y empresas capaces de desarrollar grandes proyectos de infraestructura, pero esa relación debe construirse sobre la reciprocidad”, sostuvieron. Luego agregaron: “Así como las compañías extranjeras tienen derecho a exigir certeza jurídica, Chile también puede demandar el cumplimiento íntegro de las obligaciones que asumen en nuestro país”.
La carta fue suscrita por representantes de Syncore Montajes Industriales, Gecominsa, Tecval, Serven, New Service Company, Corssen, Proyectos y Servicios en Oleohidráulica, Transporte Sagal, Comercial Nicolodi, Green Rental, Buses Altas Cumbres y RRC Ingenieros Consultores, entre otras firmas.
Los otros frentes de OHLI
La liquidación de la filial también mantiene abiertos distintos conflictos judiciales y financieros. Entre ellos figura una demanda de Syncore por cerca de US$ 21 millones, mediante la cual la compañía busca exigir el cumplimiento de un laudo arbitral.
A ello se suman obligaciones con Codelco por más de US$ 4 millones. Los proveedores mencionaron expresamente las acreencias de la minera estatal y plantearon que estas demuestran que los compromisos pendientes no se circunscriben a un caso aislado entre privados.
Los firmantes cerraron su declaración emplazando directamente a la matriz española. En particular, señalaron que esperan que OHLA manifieste su disposición a abordar la situación y responda con la “seriedad que amerita”.
El malestar de los contratistas
El cuestionamiento planteado por los acreedores de OHLI se suma a un debate que ya venía instalándose entre las constructoras chilenas respecto de la manera en que el Ministerio de Obras Públicas selecciona a las empresas y estructura sus contratos.
El tema quedó expuesto recientemente durante un seminario de Clapes UC. Allí, el presidente de Echeverría Izquierdo, Fernando Echeverría, cuestionó las condiciones bajo las cuales compiten las firmas locales frente a algunas compañías extranjeras.
El empresario advirtió que estas últimas pueden acreditar experiencia y patrimonio en sus países de origen, antecedentes cuya verificación sería más compleja para las autoridades chilenas. Según planteó, esta situación les permitiría presentar propuestas a precios que calificó como “ridículos”, adjudicarse contratos y posteriormente enfrentar dificultades para terminar las obras.
Echeverría habló de una “competencia desleal” y apuntó a empresas internacionales que, luego de adjudicarse proyectos, no habrían logrado completarlos. Sus cuestionamientos no estuvieron dirigidos específicamente contra OHLA, pero coinciden con la inquietud planteada ahora por los proveedores respecto de si los mecanismos vigentes permiten evaluar adecuadamente la capacidad técnica, financiera y de cumplimiento de los grupos extranjeros.
Sus críticas se extendieron también a las condiciones generales de la obra pública. El presidente de Echeverría Izquierdo sostuvo que los contratos son “poco atractivos”, que trasladan una parte excesiva de los riesgos a las constructoras y que el mandante concentra demasiado poder durante su ejecución.
La ofensiva de los acreedores de OHLI agrega ahora un nuevo elemento a esa discusión: no solo cómo se evalúa a las compañías antes de adjudicarles una obra, sino también qué ocurre con su comportamiento financiero y el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores locales.