El inicio de la discusión de la ley de Presupuesto 2027 está a la vuelta de la esquina, de cara a la presentación en sociedad a más tardar el 30 de septiembre, plazo perentorio para que la propuesta ingrese a la Cámara de Diputados.
Los ejes son ya conocidos: fuerte impulso a la creación de empleo; seguridad; apoyo a niñez; y salud. El crecimiento del gasto público tendrá un tope de no más de 1%, han anticipado el Presidente de la República, José Antonio Kast, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
Sin embargo, hay una serie de temas que marcarán el debate del primer erario elaborado por la actual administración, como si los ingresos adicionales por la mejoría en el precio del cobre darán espacio adicional de gasto al Fisco o deben ahorrarse; si el Presupuesto ayudará a la meta de reducir a un 1,5% del PIB el déficit estructural a 2030; y si la expansión del sector público debe ser coherente con el ciclo económico, marcado por una desaceleración que llevará al Producto a crecer menos de un 1% este año.
Desafíos que sistematiza el instituto Libertad y Desarrollo (LyD) en un reciente informe, en el que plantea que el erario debe sustentar los compromisos de reducción del déficit y de mantención de la deuda bruta por debajo del 45% del PIB: "El Presupuesto 2027 debe recoger ese compromiso dual con un crecimiento del gasto muy acotado, el que debería ser el más bajo en más de una década", dice el texto.
LyD describe que Chile cerrará este año con una economía que continúa "enfriando" su crecimiento, junto a unas finanzas públicas que, aunque muestran una mejora respecto del deterioro observado en 2023-2025, siguen ancladas en déficits estructurales elevados y deuda pública cercana al nivel prudente de 45% del PIB.
"En este contexto, es acertado el compromiso de la actual administración de llevar el balance estructural (BE) de -2,6% del PIB en 2026 a -1,5% del PIB en 2030, así como de mantener el nivel prudente de la deuda bruta en 45% del PIB", continúa el análisis.
"Dados los recientes anuncios del ministro Quiroz, se valora que el Presupuesto del 2027 se esté formulando considerando este contexto de estrechez fiscal, ya que el crecimiento del gasto anunciado -entre 0% y 1% real- se ubica muy por debajo del promedio histórico (5,3% promedio anual entre 2010 y 2019) y también por debajo del 2,7% promedio que creció el gasto en el período 2023-2025", complementa el centro de pensamiento.
Los seis ejes
En su análisis, LyD anticipa seis grandes temas de discusión en el erario fiscal del próximo año.
El primero es tomar con "precaución" la mejoría en los parámetros estructurales para 2027, con un PIB no minero de tendencia que se mejoró desde 2% a 2,6% y un precio del cobre de largo plazo que se ajustó al alza desde US$ 4,57 a US$ 5,56 por libra: "Ambos incrementos son importantes y aunque metodológicamente corresponden a mayores ingresos estructurales, no debe interpretarse mecánicamente como mayor espacio de gasto permanente ya que, por la peligrosa cercanía con el límite de deuda en que estamos actualmente, un mayor gasto podría implicar sobrepasar este límite en el corto plazo, incumpliendo una de las metas duales que tiene la regla fiscal", advierte el documento.
Una segunda prioridad debiera ser retomar los ahorros en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), ya que hoy contiene recursos por cerca de 1% del PIB, muy por debajo del 5% a 7% recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y muy lejano al casi 6% del PIB que se usó durante el gobierno de la Presidenta Bachelet para hacer frente a la crisis subprime en 2009.
La "urgente necesidad" de estabilizar la deuda pública es otro foco para el debate presupuestario, ya que hoy se ubica "preocupantemente" cerca del nivel prudente (41,5% del PIB a diciembre del 2026), lo que, por un lado, deja escaso margen al Fisco para activar políticas extraordinarias en caso de necesitarlo y, por otro, aumenta el riesgo de que shocks exógenos (como precio del cobre, paridad de monedas, tipo de cambio) impacten en forma relevante a la razón de deuda a PIB nominal, "generando por esta vía el incumplimiento de la meta, pero sin deberse a una política fiscal explícita".
Tener "cautela" ante el efecto de las reformas, como la Ley de Reconstrucción, es otro tema a mirar con atención, según el instituto, ya que las estimaciones de los efectos en recaudación de las reformas tributarias siempre han tenido un "alto grado de incertidumbre" tanto en el monto como en la temporalidad: "Dado que la Ley de Reconstrucción no sería fiscalmente neutra en el corto plazo, es necesario establecer escenarios conservadores hasta que se manifiesten los efectos de dicha reforma", agrega el reporte.
Una "alerta" por el creciente peso del gasto en intereses para el pago de la deuda es el quinto tema a mirar con atención, ya que en 2009 apenas representaba un 2,1% del gasto total del Estado, mientras que este año superará el 5% "y seguirá subiendo si la deuda se estabiliza, por la mayor tasa a la que se refinanciaría cerca de un 40% del stock hasta 2030. Este mecanismo desplazará recursos que antes podían destinarse a inversión pública o gasto social y que ahora van a pagar intereses".
Un último foco de discusión será "evitar" que la inversión pública sea la válvula de escape para recortar el gasto público, como ha ocurrido en lo que va del año, ya que la evidencia muestra que, ante la necesidad de cumplir metas de balance estructural ha sido la inversión pública la que ha absorbido el ajuste y no el gasto corriente ineficiente.
"Esto ocurre en un momento en que la inversión total de la economía lleva más de una década deprimida, promediando apenas 1,6% de crecimiento anual desde 2012, frente a 9,8% promedio entre 1991 y 2011, mientras el crecimiento tendencial se ha estancado en torno a 2%. Sacrificar inversión pública para financiar gasto corriente es, en este contexto, una decisión que compromete el crecimiento de largo plazo, precisamente la variable que el propio Gobierno busca reactivar a través de la Ley de Reconstrucción", cierra el reporte.
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Sebastian Valdenegro
