Por segunda vez concurrió ayer el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, a la comisión que investiga la supuesta manipulación del IPC. Así, sumó cuatro asistencias al Parlamento -antes lo hizo a las comisiones de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado- luego que estallara el escándalo en mayo de este año.
"La confianza del INE está muy dañada", reconoció el economista junto con explicar que con su actuar, lo que buscó fue aclarar algo que "me generó una duda grande".
El funcionario reafirmó que los hechos detectados en las modificaciones de agosto, septiembre y noviembre de 2018 avalan la denuncia efectuada ante la Fiscalía y el sumario interno, ambos procedimientos en curso.
Pattillo recalcó que ambas acciones persiguen objetivos distintos, por lo que le pareció "fundamental" abordar la arista legal y la administrativa.
No obstante, reiteró que el sumario interno no ha terminado y que no estará cerrado hasta enero de 2020.
Como en ocasiones anteriores, el directivo admitió la total responsabilidad de acudir primero a la Policía de Investigaciones (PDI). "Yo hice -y asumo la responsabilidad- la denuncia en la unidad de cibercrimen de la PDI", dijo.
De hecho, aclaró que el sumario interno se originó después de la presentación ante el Ministerio Público, dado que la fiscalía del INE también se enteró -al igual que el único imputado hasta la fecha, el jefe del departamento de precios, Felipe López- sólo con la llegada de la PDI a la entidad el 7 de mayo.
El detalle de los hechos
Pattillo concurrió a la comisión acompañado de la subdirectora técnica, Sandra Quijada, y dedicó la primera parte de la sesión a exponer sobre los principios orientadores de la gestión 2018-2022.
Acto seguido, detalló el esquema de generación del IPC y mencionó que del total de datos recolectados un 2% del registro es suceptible de corrección. Aclaró que los cambios ocurren al principio del proceso o, bien, en el lapso final de seis horas en que se verifican las cambios de datos que fueron realizados por estar fuera de rango.
En el caso específico de lo ocurrido en los meses que se detectaron las irregularidades, explicó que el 5 de septiembre a las 20:20 horas se recibió un correo electrónico que daba cuenta de un cierre cuadrado con una variación de 0,1%. Luego a las 05:01 de la madrugada del día siguiente se informa de una nueva cuadratura con ajustes de 626 precios, dando cuenta de un IPC de 0,2%.
Ello, sin justificación y antecedentes técnicos que validaran, según la declaración de Pattillo, estas modificaciones. "En agosto se cargó una cantidad relevante de precios producto de una carga masiva y sin justificación técnica", señaló.
Una vez más reiteró que las variaciones del IPC de aquellos meses no alteraron el cálculo de inflación de ese año.
Respecto de los detalles en que se informó a la opinión pública -y en respuesta a la pregunta hecha por el presidente de la comisión, el diputado Jaime Naranjo-, mencionó que el momento del comunicado de prensa fueron determinados por el exministro de Economía de la época, José Ramón Valente, y su departamento de comunicaciones.
Pattillo reiteró que la denuncia se hizo porque la evidencia y los antecedentes que manejaba arrojaban "indicios de que había ocurrido algo distinto a lo habitual".
El único funcionario investigado es el jefe del Departamento de Precios del INE, Felipe López, quien en su única declaración pública efectuada ante esta misma comisión el 20 de agosto reafirmó que todo el proceso de imputación de precios se realizó bajo los estándares internacionales que rigen a los centros de estadísticas, desestimando una manipulación y las denuncias de Pattillo.
En paralelo, López interpuso una demanda por tutela laboral, cuya audiencia de juicio está fijada para el 11 de febrero próximo. Esta acción busca una indemnización por $ 50 millones.
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