No todo fue fácil con la Ley de Protección del Empleo (LPE), una legislación que durante la parte más compleja de la pandemia -con la población confinada y solo servicios esenciales activos- permitió a los empleadores suspender los contratos laborales de trabajadores y pactar reducciones de jornada.
La normativa tuvo una positiva acogida en la mayoría de las empresas, pero hubo algunas que fueron sancionadas por la Dirección del Trabajo por incumplir las estipulaciones de la norma.
El detalle
De acuerdo a datos de transparencia activa del servicio, en el periodo que rigió la norma -de 2020 a octubre de 2021- se sancionaron a 76 firmas por incumplir las estipulaciones de la legislación, sumando más de 1.540 UTM -más de $ 80 millones- en multas. Dichas medidas se adoptaron como resultado de diversas fiscalizaciones que impulsó el servicio.
El detalle de la DT muestra que estas acciones respondieron principalmente a dos infracciones: obtener los beneficios sin cumplir con los requisitos legales y no remitir a la Dirección del Trabajo la nómina de trabajadores que se hayan visto afectados por la suspensión de sus obligaciones, y respecto de los cuales se hayan solicitado los beneficios contemplados en el Título I de la Ley n° 21.227.
Y, según el listado actualizado al 12 de junio del presente año, del total de empresas con multas ejecutoriadas por parte de la DT, a la fecha hay 32 que no han realizado el pago respectivo, lo que corresponde a un 42,1% de las firmas sancionadas.
Dichas multas, se precisa, están en trámite de cobranza.
Entre las empresas que todavía no concretan el pago figura: Soc. Comercial e Industrial Dos Valles Ltda, Transporte Ruta Norte Limitada, Inversiones D y D Ltda, entre otras.
En la vereda contraria, H&M, Ripley Store, Comercializadora Better Food Chile Spa, Vitamina Chile Spa, Supermercado mayorista La Fama Constitución S.A, entre otras, ya respondieron ante las sanciones.
Durante su vigencia, la LPE involucró solicitudes para suspender contratos de parte de 146.978 empresas, según datos de la Superintendencia de Pensiones.
En cantidad de trabajadores, ingresaron 1.024.917 requerimientos a la AFC, de las que un 86,1% se aprobó (882.345 trabajadores con contratos suspendidos). El resto se rechazó.
Y si bien la mayoría de las firmas cumplió con los requisitos para acogerse a la norma, hubo otras que no, por lo que fueron sancionadas por la Dirección del Trabajo por incumplir las estipulaciones de la norma.
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