Una imagen más precisa de quiénes son los trabajadores informales en Chile, es decir, aquellos que no cuentan con AFP y salud, reportó la nueva medición realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) basada en la Clasificación Internacional de la Situación en la Ocupación (CISO-18).
Así lo corroboró el análisis del remozado esquema hecho por el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), Juan Bravo, que -bajo el naciente esquema- arrojó que hay un grupo de más de 725 mil personas que hasta el trimestre abril-junio permanecía repartido entre distintas categorías del mercado laboral caracterizado por altos indicadores de precariedad.
Con el esquema anterior, el 45,7% de los 2,5 millones de ocupados informales era considerado dependiente y el 54,3% independiente. Con la debutante CISO-18, la relación se invirtió: los primeros subieron a 55,3% y los segundos bajaron a 44,7%.
Según Bravo, esto no significa que haya aumentado la informalidad. Lo que cambia es la distribución entre las distintas categorías ocupacionales.
El cambio
Una de las principales novedades de la clasificación es la incorporación de los denominados “contratistas dependientes”, categoría que busca capturar modalidades laborales que comparten características del empleo dependiente e independiente y que, a la fecha, quedaban en zona gris.
Según el informe, en abril-junio había 725.943 personas en esta categoría, equivalentes al 7,7% de los ocupados del país.
Se trata de personas que mantienen acuerdos comerciales para proveer bienes o servicios, pero que dependen económica u organizativamente de otra unidad económica. Aquí entran quienes trabajan bajo subordinación, pero emiten boletas de honorarios; o aquellos que, pese a desempeñarse bajo subordinación, no reciben un sueldo, carecen de contrato escrito y su empleador no paga sus cotizaciones previsionales y de salud.
La categoría, explicó Bravo, también considera a personas que antes podían ser calificadas como trabajadores por cuenta propia, pero que en la práctica tienen dependencia económica u organizativa, porque un tercero determina aspectos como su horario, lugar de trabajo, producto o servicio ofrecido o los precios.
La mayor parte de estos trabajadores ya estaba vinculada a la informalidad. De los más de 725 mil contratistas dependientes, 316.667 (43,6%) eran considerados antes asalariados informales del sector privado y otro 25,8% trabajadores por cuenta propia informales. Un 14,1% provenía de asalariados informales del ámbito público, 13,4% de trabajadores por cuenta propia formales y 3,2% del servicio doméstico informal.
El peso de la precariedad
El informe de Bravo advierte que el fenómeno va más allá de un cambio estadístico, por cuanto este grupo muestra condiciones más desfavorables que las del conjunto de los ocupados.
El 86,6% de los contratistas dependientes tiene un empleo informal, frente al 27% del total de trabajadores. Entre las distintas categorías, solo los familiares no remunerados -que por definición son informales- presentan una tasa superior.
Las diferencias también aparecen al mirar el subempleo. Mientras el 21,8% de los ocupados está en esta situación -ya sea porque trabaja menos horas de las que quisiera o porque está sobreucalificado-, entre los contratistas dependientes la tasa llega a 33%, la más alta de todas las categorías ocupacionales.
Para Bravo, estos resultados evidencian que “alrededor de un tercio de los contratistas dependientes no está pudiendo aportar plenamente su capacidad productiva en el mercado laboral, lo que implica una forma de desempleo parcial”.
A ello se suma una mayor búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Mientras el 8,2% de los ocupados estuvo buscando activamente otro empleo durante las últimas cuatro semanas, la proporción llega a 20,6% entre los contratistas dependientes, nuevamente el registro más alto entre todas las categorías.
Los jóvenes, de acuerdo con el informe, están más expuestos. El 74,3% de los contratistas dependientes de entre 15 y 24 años trabaja bajo subordinación, pero mediante un contrato comercial -emitiendo boleta de honorarios- o bajo riesgo económico, es decir, sin recibir un sueldo y sin contrato escrito ni cotizaciones pagadas por el empleador.
Con relación a la evolución de este nuevo grupo, el informe de Bravo expuso que algunos factores como la expansión de la gig economy y, en particular, de los trabajos mediante aplicaciones digitales, asociada a personas que buscan formatos de empleo con mayor flexibilidad -que permitan una mejor conciliación con la vida personal- podrían impulsar un alza de esta categoría.
Sin embargo, advirtió que la caracterización de la categoría de contratistas dependientes revela un alto grado de precariedad, donde predominan personas que ejercen un empleo bajo subordinación, pero sin que se cumplan las exigencias normativas asociadas a este tipo de vínculos.
Así, el informe planteó que este tipo de empleos puede aumentar en épocas de debilidad económica, “ya que al reducirse las oportunidades de empleo asalariado formal en el sector privado, las personas pueden tener que recurrir a empleos en donde no se cumpla la normativa laboral con tal de evitar el desempleo y generar ingresos”.
A su vez, en épocas de bajo crecimiento o recesión, el trabajo en aplicaciones digitales -que suele tener bajas barreras de acceso-, es utilizado como fuente laboral ante la escasez de otras oportunidades de empleo.
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Carolina León
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