Sin perjuicio de lo anterior, la dirigenta agregó que “creemos necesario contar con reglas más claras para su interpretación y aplicación”.
De hecho, recordó que en Motores para el Crecimiento Sostenible propusieron establecer un marco legal que entregue “mayor certeza, reduzca los espacios de discrecionalidad administrativa y permita compatibilizar adecuadamente los derechos individuales y colectivos”.
También dijo que plantearon avanzar en el proyecto de ley del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, “para contar con una contraparte clara en los procesos de consulta indígena”.
En el caso específico de la Ley Lafkenche y los problemas detectados en su aplicación, Jiménez afirmó “que existe una necesidad urgente de introducir modificaciones, pues constituye una traba importante al desarrollo de proyectos”.
Aquí puso como referencia que “hoy las solicitudes pendientes de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) abarcan más de 2,3 millones de hectáreas y mantienen suspendidas más de 800 solicitudes de concesiones y áreas de manejo”.
La presidenta de la CPC señaló que por eso han propuesto “establecer criterios objetivos respecto de los ECMPO” y definir con mayor precisión qué se entiende por uso consuetudinario, quién puede invocarlo y cómo debe acreditarse; aumentar la transparencia y los antecedentes técnicos exigidos; y que la suspensión de solicitudes para fines productivos se produzca una vez que la Conadi haya verificado la existencia del uso consuetudinario.
Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Foto: Jonathan Durán.
La dirigenta manifestó que “el objetivo es que los derechos legítimos de los pueblos originarios convivan con el desarrollo de las regiones bajo reglas claras, criterios técnicos y plazos razonables. Ambas cosas son perfectamente compatibles”.
Sobre este tema, la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett, indicó que se trata de dos situaciones que deben ser analizadas por separado. “El salirse de un tratado internacional tiene muchas implicancias requiere un análisis profundo con visión de Estado; y algo muy distinto es que hay ciertas leyes, como la Lafkenche, que requieren de ser perfeccionadas”.
A su juicio, dicha norma “ha generado mucha incerteza jurídica y, en el caso del turismo, ha hecho que ciertos inversionistas reconsideren la idea de invertir en ciertos lugares. Es un obstáculo para el desarrollo de algunos territorios”.
Chile sin reclamaciones
El especialista en normas Internacionales del Trabajo de la OIT Cono Sur, Sergio Paixão, explicó que para salirse del convenio un Estado que lo ratificó puede denunciarlo en períodos conocidos como “ventanas” previstas mediante acto comunicado al director general de la organización.
Dicho momento se verifica cada 10 años después de la entrada en vigor del convenio, que en el caso del 169 se adoptó en 1989 y entró se activó en 1991. Es decir, la próxima ventana será entre el 5 de septiembre de 2031 al 5 de septiembre de 2032.
La denuncia, precisó, produce efectos un año después de su registro e informó que “en la actualidad, no se registran denuncias del Convenio 169 entre los Estados que lo han ratificado”.
También recordó que la OIT tiene mecanismos de supervisión de la aplicación de los convenios internacionales y un registro de las reclamaciones relativas al cumplimiento del Convenio 169.
En cuanto a Chile, Paixão informó que se han registrado desde la vigencia del convenio en el país “dos reclamaciones que están cerradas”. Una, en 2014, del Sindicato Interempresas número 1 de Panificadores Mapuches de Santiago; y, otra, en 2023, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Chile (Fenated) y Sindicato de Empresa Ruka Pillán de la Fundación del Magisterio de La Araucanía (FMDA).
Presidente Kast: no lo vamos a impugnar
Tal como ocurrió con el ministro del Interior el domingo, el Presidente José Antonio Kast buscó ordenar a su gabinete y descartó la idea de Barros. En la entrevista publicada el fin de semana, el secretario de Estado calificó el Convenio 169 de la OIT y la Ley Lafkenche como una amenaza en materia de defensa.
En entrevista con Radio Infinita, Kast constató que en ambas leyes hay momentos en que se “producen abusos. En la Ley Lafkenche evidentemente, hay abusos de la ley que se generó para proteger a una comunidad lacustre. Se produce un abuso, yo creo que hay que hacer modificaciones”.
Pero el mandatario afirmó que “el 169 se puede impugnar cada 10 años” y que “en nuestro gobierno, esa impugnación no va a ser, no es prioridad”.
Al profundizar, explicó que “suscribimos el acuerdo y las impugnaciones están reguladas dentro del mismo tratado, y el tratado fue ratificado por el Parlamento. Por tanto, no es una materia en la que nosotros podamos innovar hoy”.
Ni quedarse estancado ni salirse del tratado: la tercera vía que se abre para la norma de la OIT
Expertos valoran la apertura del debate, porque tal como está paraliza inversiones y incentiva litigios.
El debate que abrió el ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre el Convenio 169 está lejos de terminar y expertos celebran que se discuta e incluso que se perfeccione su alcance.
“Suscribir el Convenio 169 se tomó sin una suficiente reflexión”, opina el director ejecutivo de Pivotes, José Antonio Valenzuela. Por lo mismo, aunque la ventana para evaluar la permanencia en ese compromiso se abre recién en la próxima década, en 2031, el experto sostiene que no hay que cerrarse al debate, porque “muchos países con fuerte presencia indígena y líderes en estos temas no suscribieron el Convenio”. De hecho, países con estructuras productivas que son referentes para Chile, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, no suscribieron el Convenio, explica el director de Pivotes.
En términos de inversiones, la aplicación del Convenio 169 ha supuesto que “casi todos los grandes (proyectos) que no tienen RCA están normalmente con consulta indígena pendiente”, y aquello afecta “a todos los sectores estratégicos, minero, litio, acuícola, infraestructura”, de manera que, en la práctica, “la consulta se transforma frecuentemente en la gran piedra de tope para poder concluir un proceso de evaluación y en una herramienta para luego judicializar proyectos”.
José Adolfo Moreno, socio del estudio Moreno, Sáez & Avilés, señala que a dos décadas de la ratificación del Convenio 169, la discusión “más que si salirnos o no, debería girar entorno a cómo lo regulamos mejor. Parte importante del problema está dado por la falta de deberes para los grupos humanos indígenas en el ejercicio de este derecho”.
El experto acota que a esta altura, conforme principio de flexibilidad establecido por el mismo Convenio-, “deberíamos debatir y acordar mecanismos para, por ejemplo, asegurar que los grupos entreguen la información necesaria para ser caracterizados, que el proceso tenga plazos claros, que se pueda definir qué entendemos por instituciones representativas para el proceso, etc.” La ausencia de normas y regulación en estos aspectos, “genera un espacio fecundo para negociaciones poco transparentes y estrategia litigiosas, que efectivamente dañan iniciativas de inversión, y en muchos casos a las mismas comunidades.
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